Un ‘conflicto’ es un fenómeno consustancial a la vida social. Presente históricamente en todas las culturas, es producto de divergencias entre personas o grupos sociales que poseen diferentes intereses o valores (Silva García, 1996). Este proceso de interacción contenciosa entre actores, colectivos e instituciones pretende, para una de las partes, la búsqueda de cambio o la defensa de una situación existente (PNUD-UNIR, 2011). Dicha conflictividad tiene un riesgo: puede acarrear una escalada de violencia que afecte los derechos fundamentales de las personas y los colectivos involucrados, por lo que es importante orientar su gestión a brindar políticas públicas concretas para su prevención y/o solución.
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Esta publicación es fruto de un intenso y fructífero proceso de cooperación entre defensorías y procuradurías de varios países con la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Cooperación Alemana a través del proyecto PROFIO. Este esfuerzo tiene como objetivo mejorar la protección de los derechos humanos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans (transexuales, transgénero y travestis) e intersexuales (LGBTI).
Como se sabe, las personas con orientaciones sexuales diversas son parte de uno de los grupos sociales más discriminados. Sus derechos son violados día a día en todo el mundo y son víctimas permanentes de actos de violencia y persecución desde temprana edad. Con frecuencia, los LGTBTI crecen desamparados, pues son expulsados de sus hogares, donde también suelen recibir maltratos físicos y psicológicos. Ya mayores, es común que sean también excluidos y discriminados del mercado laboral. Lamentablemente, las instituciones públicas no cumplen cabalmente con el mandato de protección y, más bien, suelen negar sus servicios a esta población y hasta participan de actos de exclusión y violencia. Son incontables los casos de abusos en resguardos policiales que suelen quedar en la impunidad.
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Alcanzar la igualdad de género es un factor indispensable para el pleno ejercicio de los derechos humanos. El enfoque de género es una estrategia para la equidad de género y la construcción de la igualdad y por ende es un ejercicio práctico para cumplir a cabalidad con los derechos humanos.
No se puede negar que hayan existido importantes avances hacia la igualdad de género gracias a legislación específica, a políticas y acciones emprendidas por los Estados, y a la participación y el trabajo diario de redes de mujeres de la sociedad civil. Sin embargo, si bien aumentó el porcentaje de mujeres quienes han podido acceder a un mejor nivel educativo; se han incorporado sistemáticamente al mercado laboral y cada vez más su participación en los espacios políticos se deja sentir se evidencia una continuación de las desigualdades relativas a la brecha salarial, las oportunidades de empleo, la representación en los órganos políticos, entre otras. También subsisten la discriminación y las conductas violentas contra las mujeres, que se transmiten de generación en generación, impidiendo el desarrollo de su autonomía económica, política, social y física.
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La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Red de Defensorías de Mujeres de dicha federación en alianza estratégica con la Cooperación Alemana a través del Proyecto de Fortalecimiento de la FIO (PROFIO), desde 2013, tienen un trabajo sostenido en el proceso de fortalecimiento de las acciones dirigidas a la protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, mediante la transversalización del enfoque perspectiva de género en las instituciones defensoriales.
Es así que, a partir del 2013, se desarrolló un proceso de capacitación asesorada orientada a resultados, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el trabajo diario de las Defensorías. Este inició con la participación de cinco defensorías, una por cada región geográfica de la FIO (Europa, América del Norte, América Central, Región Andina y Región Sur). A la fecha (2018), quince instituciones realizaron sus diagnósticos de género, con base en los cuales formularon sus políticas de género y planes de acción en sus respectivas instituciones.
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El presente documento metodológico, MANUAL PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS (IDH), ha sido elaborado en respuesta a las demandas de las instituciones defensoriales que forman parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsman con quienes se ha identificado la incidencia que tienen los estereotipos sociales de género en los procesos de cambio institucional y cómo estos impiden la optimización de las capacidades del personal.
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La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Red de Defensorías de Mujeres de dicha federación en alianza estratégica con la Cooperación Alemana a través del Proyecto de Fortalecimiento de la FIO (PROFIO), desde 2013, tienen un trabajo sostenido en el proceso de fortalecimiento de las acciones dirigidas a la protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, mediante la transversalización del enfoque de género en las instituciones defensoriales.
Es así que a partir de ese año se desarrolló un proceso de capacitación asesorada orientada a resultados, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en el trabajo diario de las Defensorías. Este inició con la participación de cinco defensorías, una por cada región geográfica de la FIO (Europa, América del Norte, América Central, Región Andina y Región Sur). A la fecha (2018), quince instituciones realizaron sus diagnósticos de género con base en los
cuales formularon sus políticas de género y planes de acción en sus respectivas instituciones.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Arica condenó a cuatro ciudadanos peruanos por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de migrantes y tráfico ilícito de migrantes agravado, de aproximadamente 95 víctimas, principalmente de origen dominicano, en el marco del caso denominado “Operación Desierto” y que es considerado como la mayor red de tráfico de personas migrantes descubierta en Chile.
En este caso el INDH actuó como querellante por tráfico ilícito de migrantes y por asociación ilícita para estos fines.
La Defensoría del Pueblo requiere un presupuesto adicional de S/32 millones para el 2019, que será destinado, entre otros temas, a garantizar la supervisión de la totalidad de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en todo el país y los servicios complementarios del Programa Nacional contra la Violencia Sexual y Familiar, que forman parte de las tareas que viene desempeñando la institución en la lucha contra la violencia hacia niñas y mujeres.
Así lo demandó el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, durante la sustentación del presupuesto ante el pleno del Congreso en la que informó que la cifra de feminicidios de este año ya superó ampliamente a la del año pasado, con más de 130 muertes hasta el momento frente a las 121 registradas durante el 2017.
COMUNICADO
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se dirige a la comunidad nacional e internacional, para informar las ultimas diligencias realizadas en torno a la caravana de migrantes centroamericanos por el norte de América:
- Hemos promovido y logrado el respaldo subregional, regional y universal en cuanto al recordatorio de los estados de su obligación de proteger y respetar los derechos humanos de los migrantes de conformidad a los estándares internacionales
- Sobre las supuestas desapariciones de migrantes continuamos en contacto permanente con el Comité de la Cruz Roja Internacional, para conocer los avances de las investigaciones, sin que hasta la fecha se hayan acercado familiares a manifestar la desaparición de alguno de sus parientes que participan en la caravana.
- Se da seguimiento al caso del compatriota Henry Adalid Díaz quien falleció entre Guatemala y México, para que se pueda esclarecer su muerte. Estamos en contacto con su señora madre.
- Se intercambia información con la cancillería de Honduras sobre la atención de las personas hondureñas que se encuentran en México.
- Existe una comunicación diaria con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en relación con las atenciones que se están brindado en Tijuana, Mexicali, Chihuahua y demás Estados por los que están transitando los hondureños.
- El CONADEH tiene a disposición del pueblo hondureños nuestras oficinas a nivel nacional y la Línea de Respuesta Rápida gratuita 132 para que interpongan quejas o expresen necesidades relacionadas con sus familiares migrantes y darles la atención correspondiente.
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comunidad de Madrid que, a la hora de adjudicar una vivienda de emergencia social, priorice a las familias desahuciadas con menores de edad que no dispongan de una alternativa habitacional.
La Institución ha constatado en la mayoría de las quejas tramitadas sobre este asunto que la Administración autonómica madrileña no inicia el procedimiento de emergencia social para ofrecer alojamiento temporal a las familias con menores desalojadas de sus hogares, al considerar que no reúnen los requisitos necesarios.