La crisis sanitaria generada por la covid-19 ha representado una situación de emergencia compleja para los países de la región debido a la rapidez con que el virus se ha dispersado y también por las debilidades que los sistemas de salud pública han tenido históricamente. Como parte de la respuesta gubernamental, varios países de la región impusieron restricciones a través de declaratorias de estados de excepción y de normativa de distinta naturaleza jurídica para proteger la vida, combatir la pandemia y reducir el número de contagios. Si bien ante las circunstancias excepcionales que se han presentado determinadas restricciones pueden ser razonables, las mismas deben asegurar que son necesarias en una sociedad democrática y, por ende, estrictamente proporcionales para proteger la vida y la salud.
Para las Instituciones de Derechos Humanos, la pandemia ha implicado hacer el mayor de los esfuerzos para utilizar nuestro mandato en la protección de las personas. Aún quedan muchos desafíos en el futuro cercano, entre ellos la distribución equitativa de la vacuna y la recuperación económica, y para ello es indispensable que sigamos redoblando todos nuestros esfuerzos para la defensa de los derechos de todas las personas. El informe de la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre estados excepcionales pretende hacer un recuento de la situación en la región y recomienda algunas medidas ante situaciones de crisis y futuras emergencias sanitarias, a los Estados iberoamericanos.