Es urgente que el Estado Peruano desarrolle un marco normativo que permita sancionar los discursos de odio que promueven o incitan a la discriminación y/o violencia. Estos actos suelen afectar con mayor frecuencia a las personas Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales – LGTBI. Actualmente, nuestro Código Penal no castiga estas conductas, dejando impune hechos que afectan la dignidad, integridad y hasta le cuesta la vida a este y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo rechaza todos los actos de discriminación y violencia por prejuicio que se presentan en nuestro país en contra de mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, mujeres transgénero y hombres transgénero, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de esta población.
Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que incluyó de manera expresa en su Constitución, la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, prohibición que además fue desarrollada en la Ley N° 045, contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual define a la homofobia como toda aversión, odio, prejuicio o discriminación contra personas que integran a la diversidad sexual y a la transfobia como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.
Durante las últimas semanas, la Corte de Apelaciones de Arica y de Antofagasta acogieron tres recursos de protección, dos en Arica y uno en Antofagasta, interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 52 personas extranjeras, entre ellos 3 niños/as, que según sus relatos ingresaron a Chile huyendo de sus países de origen y/o residencia habitual en busca de asilo.
Veinte departamentos y el Callao registraron una tendencia a incrementar el número de casos de corrupción entre el 2016 y 2018.
Lima y Cusco, las regiones con mayor número de casos de peculado.
Ingrid Rusinque Osorio, Delegada para Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, manifestó su preocupación y rechazo por el reclutamiento de menores de edad colombianos y venezolanos, por parte de los grupos armados irregulares y la delincuencia organizada, que vulneran los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Agencia Nacional de Discapacidad a que se aplace el apercibimiento de suspensión del pago de pensiones no contributivas hasta tanto no se garantice la debida instrucción a los Establecimientos de Salud Oficiales para la confección del Certificado Médico Oficial Digital.
Reuniones con el equipo regional, encuentros con organizaciones de derechos humanos, con la familia del joven mapuche desaparecido en democracia José Huenante, una visita a un sitio de memoria fueron algunas de las actividades de la Directora del INDH, Consuelo Contreras, en Puerto Montt al cumplirse cuatro años de la Sede Regional del INDH.
En una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en 32 de las 34 Cortes Superiores de Justicia ubicadas a nivel nacional, un 75 % de jueces y juezas especializados en lo penal admitió no haber recibido capacitación para aplicar la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364, promulgada en el año 2015, y sólo el 24% indicó que sí contaba con la preparación sobre la citada norma.
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha participado en la mesa de debates “Diálogos de la Abogacía ante el desafío de la longevidad” que se ha celebrado en Valladolid en el marco del XII Congreso Nacional de la Abogacía.