En una supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en 32 de las 34 Cortes Superiores de Justicia ubicadas a nivel nacional, un 75 % de jueces y juezas especializados en lo penal admitió no haber recibido capacitación para aplicar la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364, promulgada en el año 2015, y sólo el 24% indicó que sí contaba con la preparación sobre la citada norma.
Esta falta de capacitación sería una de las causas de la escasa respuesta judicial al contexto de violencia que viven las mujeres desde niñas en el país, justamente por su condición de mujeres. Al ser consultados, sobre si contaban con preparación en la atención de casos de delitos sexuales, 62% de jueces y juezas reconoció que no frente a 35% que dijo sí. En tanto, sobre el abordaje de feminicidios, 58% respondió que no había recibido capacitación y 40%, sí.
Para la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, la percepción social de impunidad frente a estos casos es preocupante. En el 2018, nuestro país registró una de las tasas más altas de feminicidios con 149 casos consumados y 304 mujeres que resistieron al ataque criminal; y hasta noviembre de dicho año, solo se registraron ocho sentencias por el citado delito consumado.
Este año, el Ministerio Público ya ha registrado 64 muertes violentas de mujeres, de los cuales 33 ya han sido comprobados como feminicidios y 31 están en proceso de investigación. De acuerdo con Revollar, a la demora en las sentencias en estos casos, se suma la revictimización que denuncian las mujeres cuando acuden a las instituciones en búsqueda de justicia. “Suelen cuestionar su declaración y su comportamiento, justifican a los agresores o la excesiva carga procesal para dedicarse a asuntos domésticos”, refirió.
Se han logrado importantes avances normativos para combatir la escalada de violencia de género (se incrementaron penas, eliminado beneficios penales y penitenciarios, incorporado nuevos delitos); sin embargo, los casos de violencia y feminicidios siguen en aumento; y sin las medidas de protección o sanciones para los agresores.
Los resultados de la supervisión fueron presentados a la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial. Su Secretaria Técnica, Silvia Loli Espinoza, informó que pese al escaso presupuesto con el que cuentan para capacitación, vienen implementando iniciativas para la especialización y fortalecimiento de la administración de justicia, por lo que se comprometió a tener un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo para ello.
La supervisión de la Defensoría del Pueblo se realizó en octubre de 2018 y abarcó a 317 jueces y juezas penales de 32 jurisdicciones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ventanilla.
Finalmente, Revollar recordó que está pendiente la implementación del Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conforme lo estipula el artículo 44° de la Ley N° 30364. Este centro coordinaría con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, universidades y centros de investigación.
Nota de Prensa N°128/OCII/DP/2019