El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, verificó durante tres días la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades de los municipios de Norosí y Tiquisio (Bolívar).

La misión de trabajo de la Entidad recorrió esta zona del Sur de Bolívar de la cual había advertido riesgos para la población a través de la Alerta Temprana 056-18 por la presencia de grupos armados ilegales, minería irregular e ilegal y la estigmatización a líderes sociales, entre otras situaciones.

La Defensoría del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriniana Ecuador y la Defensoría Pública del Ecuador presentaron medidas cautelares, en el Complejo Judicial Norte de Quito, contra la decisión de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de exigir el pasaporte como único documento válido para ingresar al territorio nacional para las personas de nacionalidad venezolana, y que entraría en vigencia desde el 18 de agosto del 2018.

La importancia de articular marcos jurídicos, políticas y estándares para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya garantías efectivas para prevenir y mitigar los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos, fue unas de las conclusiones que dejó la primera experiencia de trabajo conjunta entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), realizada del 14 al 15 de agosto en Santiago de Chile.

El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, respaldó el compromiso manifestado recientemente por el Presidente de la República – durante su participación en la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre la Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe – para eliminar el feminicidio en el país y desterrar así, los patrones de machismo en nuestra sociedad.

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comunidad de Madrid que garantice que los menores con discapacidad en situación de desamparo sigan recibiendo la atención que necesitan, por su discapacidad y dependencia, una vez alcanzan la mayoría de edad.

La Defensoría del Pueblo patrocinó y ganó una acción constitucional de protección para tutelar los derechos al trabajo, a la igualdad y no discriminación, y a la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en favor de Angélica Neira Vega, funcionaria de la Contraloría General del Estado que en octubre de 2017 fue cesada en sus funciones pese a estar en periodo de maternidad y lactancia.

La Defensoría de los Habitantes se mostró sorprendida por el fallo de la Sala Constitucional sobre el matrimonio igualitario, dado a conocer el día de ayer, por cuanto deja en vigencia por 18 meses una norma que la declara inconstitucional por mayoría. Considera la Defensoría que aunque respeta la resolución, el Tribunal sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica.

Para la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas -CSMLV-, el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la Ley en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente $129.29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno Nacional en $28.4 billones. 

La Defensoría del Pueblo informó hoy que el 81.2% de los jueces y juezas concede una pensión de alimentos menor a 500 soles. Con este monto únicamente se cubre la alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del INEI (328 soles en el 2016), pero resulta insuficiente para atender otros aspectos indispensables para su desarrollo, como salud, educación, vivienda, vestido y/o recreación.