El XIV Informe de la FIO, relativo a la pobreza, insiste en nuestra línea de trabajo prioritaria, la protección de los colectivos en situación de vulnerabilidad. La persistente gravedad del problema de la pobreza siempre ha preocupado a la comunidad de los Derechos Humanos y cada vez existe mayor acuerdo en afirmar que sin el disfrute de las condiciones básicas de la existencia no hay efectividad real e igual en el ejercicio de todos los demás derechos, que devienen muchas veces ilusorios para las personas en situación de pobreza.
Nuestra aproximación a la pobreza (absoluta y relativa, y en todo caso en sentido amplio, esto es, no solo la pobreza extrema) apunta las múltiples implicaciones de esta compleja problemática pero se centra en la configuración de un novedoso derecho a la protección frente a ella, que va abriéndose paso en el Derecho internacional y constitucional, y en las obligaciones correlativas de los poderes públicos, tanto desde un derecho autónomo (que conecta las más recientes recomendaciones de la OIT con las consideraciones de la jurisprudencia constitucional más avanzada sobre el derecho a la vida y a la dignidad) como desde la necesidad de dotar de real efectividad a los principios de universalidad e igualdad de todos los derechos humanos, especialmente los sociales de prestación.