Al cierre del año 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 28 recomendaciones por abusos de autoridad, encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado que generó seis de tales expedientes, incluyendo uno que se dirigió a la Dirección de la Policía Ministerial del Estado.
Entre los casos más graves atribuidos a servidoras y servidores públicos de la PGJE, están dos por tortura: Recomendaciones 05/2012 y 17/2012. También con seis recomendaciones se ubicó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; tres dirigidas al Secretario y tres más a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, corporación dependiente de la primera.
Además y acorde a las facultades que da la Ley de la CEDH en su artículo 26, fracción VII, este órgano autónomo emitió dos Recomendaciones Generales, la primera derivada de las detenciones extralegales, ataques a la integridad personal y a la posesión por parte de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí y documenta una práctica sistemática de abusos por parte de elementos de esa corporación.
La segunda recomendación general de 2012 se originó a raíz de diversos hechos, en los que perdieron la vida cinco personas privadas de su libertad y otras 10 diez en distintas áreas del Centro de Reinserción, en circunstancias que aún no han sido aclaradas por la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Dicha Recomendación General establece que tratándose de personas en situación de reclusión «el cuidado y salvaguarda de su vida e integridad, es una obligación ineludible del Estado».
Las 28 recomendaciones particulares y dos generales emitidas el año pasado permiten establecer que las detenciones arbitrarias, lesiones y dilación en la impartición de justicia fueron los derechos humanos mayormente violentados por las distintas autoridades señaladas.
Por tratarse de documentos públicos, cada una de las recomendaciones puede ser consultada de manera íntegra en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos www.cedhslp.org.mx.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí