Como consecuencia de la oportuna intervención de los comisionados de la Oficina Defensorial de La Merced, Región Junín, se impidió que el secretario de la Gobernación de Chanchamayo, Máximo Tapullima Bados, vuelva a vulnerar derechos de los ciudadanos y cometer actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
El referido funcionario –reincidente en actos de corrupción– solicitó a un ciudadano el pago de 200 nuevos soles a cambio de garantías personales, pese a que dicho trámite legal es gratuito en cualquier punto del país porque se trata de salvaguardar la integridad de una persona.
Alertado por el ciudadano perjudicado, el jefe del Módulo Defensorial de la Merced, Gustavo Mendoza, se comunicó con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo y la Dirección de la Policía Nacional del Perú contra la Corrupción para realizar un operativo en el cual se detuvo al funcionario -el 14 de junio pasado- en el momento en que cometía el delito.
Sin embargo, el secretario de la Gobernación de Chanchamayo no era el único involucrado en este caso de corrupción. Asimismo fue arrestado José Rojas Sims, Gobernador de Chanchamayo, pues fue señalado como cómplice de Tapullima en este delito.
La situación es doblemente grave debido a que tanto Rojas Sims como Tapullima Bados están siendo juzgados por delitos contra la administración pública, al haber solicitado un pago para entregar credenciales a una autoridad pública en el año 2010. Pese a ello, volvieron a ocupar los cargos en la Gobernación de Chanchamayo.
Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección de Gobernación del Ministerio del Interior a apartar a estos dos funcionarios de la Gobernación de Chanchamayo, mientras se determine judicialmente su participación en los referidos actos de corrupción. Asimismo, exhortó a las autoridades judiciales a resolver los casos con prontitud.
La Defensoría del Pueblo pone de relieve la coordinación efectuada entre diversas instituciones del Estado y los ciudadanos que denuncian estos casos para enfrentar a la corrupción.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.