Están pendientes de entrega 6,291 viviendas a efectivos que resultaron con discapacidad en cumplimiento de su deber y a familiares de fallecidos. Hay 3,483 procesos judiciales por reintegro de seguro de vida en trámite ante el Poder Judicial.
En un informe alcanzado a los Ministros del Interior y de Defensa, así como al Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los Comandantes Generales de los tres institutos armados, la Defensoría del Pueblo formuló diversas recomendaciones con la finalidad de superar las dificultades que se advierten en los trámites de otorgamiento de pensiones y beneficios.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que el marco normativo sobre el tema se caracteriza por su dispersión. «La Ley de Pensiones Militar Policial, data del año 1972 y, en estos 40 años, ha sufrido más de 11 modificaciones. Ello ha desarticulado y desnaturalizado la normatividad existente sobre la materia. Lo mismo ocurre con otros beneficios como el seguro de vida que cuenta con 9 normas que lo regulan, cada cual con su particular período de vigencia. Inclusive, algunas normas, en lugar de beneficiar a los efectivos han generado desigualdades e inequidades en el trato», señaló el funcionario.
En la actualidad, si un militar o policía queda con discapacidad en acción de armas, acto del servicio, consecuencia del servicio u ocasión del servicio recibe una pensión de invalidez. Si fallece, sus familiares tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, que comprende: viudez, orfandad y ascendientes. Adicionalmente, tienen derecho a la promoción económica de sus pensiones cada cinco años, al otorgamiento de una vivienda, al pago del seguro de vida y compensación por tiempo de servicios. Además, reciben el pago por luto, sepelio, subsidio por fallecimiento, entre otros.
Vega Luna señaló que su institución ha recomendado al Congreso de la República aprobar un marco normativo acorde, articulado y coherente en materia de pensiones y otros beneficios para el citado personal.
Por su parte, la Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo destacó que, entre el 2000 y junio del 2012, su institución registró 909 quejas contra la Policía Nacional, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, por afectaciones al derecho a la seguridad social y otros beneficios. De éstas el 66% (597) fueron declaradas fundadas. «Las quejas se agrupan en cuatro aspectos: i) negación a otorgar la pensión; ii) limitaciones o restricciones para el acceso a una pensión; iii) demoras en los trámites de las pensiones y beneficios y, iv) limitaciones o desconocimiento de beneficios especiales», acotó la funcionaria.
El Informe de Adjuntía Nº 013-2012-DP/ADHPD, «Beneficios del personal militar y policial fallecido o que resultó con invalidez en el cumplimiento de su deber. Análisis normativo y problemas en su aplicación», también pone en evidencia dificultades en la organización interna de las Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la atención de las solicitudes de sus miembros o de sus familiares. Así, se advierten insuficiencias en los sistemas informáticos que no se encuentran integrados, lo que obliga a la revisión constante de los expedientes físicos generando demora en los trámites; la centralización de los procedimientos en Lima; la exigencia de numerosos requisitos, muchos de los cuales están en poder de las mismas instituciones, entre otros.
Vignolo señaló que otro conjunto de problemas tiene que ver con la existencia, a junio de 2012, de 3,483 procesos judiciales en trámite por reintegro del seguro de vida; la no entrega de viviendas a 6,291 beneficiarios/as; el pago de sumas reducidas por conceptos como la compensación por tiempo de servicios cuyo monto máximo, por 30 años de servicio, no supera los S/. 1,400.00; el incumplimiento de sentencias judiciales, entre otros.
En lo que respecta a estas constataciones, el Informe recomienda a los Ministros del Interior y de Defensa restructurar el sistema remunerativo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Igualmente, recomienda disponer el pago del seguro de vida adoptando la línea interpretativa establecida de manera uniforme y reiterada por el Tribunal Constitucional.
De otro lado, la funcionaria señaló que se ha recomendado crear una oficina especial que brinde a los efectivos y sus familiares la información necesaria sobre sus beneficios; descentralizar la atención de las solicitudes y disponer que los trámites sean iniciados de oficio; eliminar algunos requisitos; suscribir convenios de cooperación interinstitucional; diseñar una base de datos integrada para el registro de información sobre el personal así como digitalizar sus expedientes físicos.
Igualmente, en el referido documento se recomienda al Ministro de Economía y Finanzas otorgar los recursos necesarios para el cumplimiento de las sentencias judiciales, y al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento adoptar, en coordinación con los Ministros de Defensa e interior, las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las normas que disponen la adjudicación de una vivienda al personal fallecido o que resultó con invalidez en cumplimiento de su deber, entre otras recomendaciones.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú