PERÚ: Defensoría del Pueblo realizó Feria anticorrupción en Chiclayo

En el marco de la Campaña Nacional Anticorrupción que lleva a cabo la Defensoría del Pueblo, con la colaboración de otras entidades públicas, se realizó el viernes 29 de octubre, la primera “Feria Informativa para la Prevención y Lucha contra la Corrupción”, en la Plaza de Armas de la ciudad de Chiclayo.

Cabe señalar que esta actividad, que contó con una gran participación del público, se enmarca en la línea de promoción de la ética pública y de los derechos fundamentales de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, las temáticas tratadas también involucraron problemáticas referidas a la seguridad ciudadana, la identidad de las personas y la afectación de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Estas ferias defensoriales también tendrán lugar en las ciudades de Abancay (18 de noviembre), Ayacucho (25 de noviembre), Cusco, (9 de diciembre) y, finalmente, Arequipa (15 de diciembre). La realización de estas ferias se ha diseñado en el curso de este año debido al trabajo previo de la institución en la formación y capacitación de redes de acción colectiva para prevenir y luchar contra la corrupción, conformadas por funcionarios públicos y agentes de la sociedad civil.

En cada una de las ferias habrá stands informativos de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones públicas comprometidas en la lucha contra la corrupción, como la Contraloría General de la República, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Oficina Nacional de la Magistratura (OCMA), entre otras. Además, para motivar la presencia de la población infantil se ha organizado diversas actividades como concursos de pinturas y de caras pintadas, teatros callejeros, juegos de la ética, cine forum educativo, entre otros.

La realización de las “Ferias Informativas para la Prevención y Lucha contra la Corrupción” permitirá difundir el rol de la Defensoría del Pueblo y de las otras instituciones en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo permitirá recabar directamente las quejas del público o absolver consultas vinculadas a las malas prácticas en la administración estatal que atenten contra la ética pública.

FUENTE: Defensoría del Pueblo del Perú.