La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó hoy su preocupación porque aún persisten dificultades en la aplicación de la Ley de Silencio Administrativo y de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. “Aún se exigen requisitos ilegales y se cobran por los formatos para el trámite de licencia de funcionamiento que, por mandato de la ley, son gratuitos”, agregó.
En acto celebrado en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el cual se presentaron los resultados de la campaña de fiscalización a 180 municipalidades señaló que “el principio central que debe orientar la gestión pública es el servicio al ciudadano. Agregó que significa entender la actuación de la administración gubernamental como el medio más pertinente con que el Estado garantiza la satisfacción de los derechos de la persona y de la comunidad.
En respuesta a los alcances brindados por esta institución, el Presidente del Consejo de Ministros mostró a la Defensora del Pueblo el Decreto Supremo, que sería publicado mañana, mediante el cual se aprueba la nueva metodología para la determinación de los costos de los procedimientos administrativos. Con su dación se da cumplimiento a una de las recomendaciones formuladas en el Informe Defensorial N°145.
Como se recuerda la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, realizó una supervisión del proceso de implementación de la Ley de Silencio Administrativo, cuyos resultados están contemplados en el Informe Defensorial Nº 145: “Aplicación del Silencio Administrativo: retos y pareas pendientes”.
Cabe señalar que en otro pasaje de su intervención la doctora Merino, expresó hoy su preocupación porque el 80 por ciento (144) de las municipalidades de diversos puntos del país, no brinda atención preferente a las mujeres embarazadas, a personas con discapacidad y a adultos mayores, demostrando con ello un alto nivel de incumplimiento de la Ley N° 28683, Ley de Atención Preferente.
“Tengo la convicción de que los resultados de esta campaña contribuirán a que las autoridades de los 180 gobiernos locales supervisados adopten las medidas correctivas del caso para que la Ley de Silencio Administrativo, así como la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”, subrayó la doctora Merino en un pasaje de su intervención.
En ese contexto, la doctora Merino dijo que la institución que dirige, continuará sus labores de supervisión, a activar los canales para la denuncia y a empeñar sus mejores esfuerzos hasta lograr un cambio significativo en las administraciones municipales, con el propósito de alejarlas de la arbitrariedad y aproximarlas, con decisión y firmeza, a la ley y al ciudadano.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Perú.