En el Primer Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman nacional expuso algunas de las modificaciones que, a su juicio, son necesarias para avanzar en una cultura de observancia general de los derechos fundamentales en nuestro país: Las propuestas están relacionadas con el funcionamiento de la seguridad pública, el sistema de justicia penal, y con problemas tales como la violencia de género, los agravios a periodistas, la tortura y los malos tratos, las detenciones arbitrarias, la instalación y funcionamiento de retenes y puntos de revisión, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, la migración, el derecho a la protección de la salud y el fortalecimiento de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos.
En su exposición, Soberanes Fernández señaló que el flagelo de la inseguridad pública lesiona los derechos de los mexicanos y entre 1980 y
“Es muy claro que al Estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia, eficacia y firme determinación para lograr una sociedad en la que impere el estado de Derecho. Para una convivencia social más armónica y con pleno desarrollo nacional debe garantizarse la seguridad de las personas y de sus bienes: Es necesario que los individuos y las autoridades se conduzcan conforme a las leyes, y cuando éstas son violentadas debe haber una actuación decidida del Estado para combatir la inseguridad”, expuso el presidente de
Presentó al respecto 13 puntos que deben caracterizar el funcionamiento de un sistema de seguridad pública en México, entre estos: coordinación integral de las instancias que conforman dicho sistema, diseño de programas preventivos del delito que partan del conocimiento exhaustivo del fenómeno criminal, reformar el marco jurídico para abatir la delincuencia, alentar la cultura de la denuncia de delitos, crear un área de planeación, análisis criminológico e inteligencia penitenciaria y unificar la legislación penitenciaria.
En cuanto a la reforma al sistema de justicia penal, Soberanes Fernández consideró que este debe tender a superar diversos resabios de un autoritarismo que permanecen en el marco jurídico vigente, e impiden operar de manera adecuada el sistema de justicia penal, en especial por las facultades inquisitorias del Ministerio Público. En este campo, mencionó 15 propuestas para tal reforma y que incluyen el modificar la estructura de las procuradurías de justicia del país, poner en marcha instrumentos de control y rendición de cuentas para las corporaciones policíacas responsables de investigar delitos, establecer responsabilidades específicas de los servidores públicos encargados de investigar delitos, incluir en
Manifestó el Ombudman nacional: “El avance democrático de nuestro país, a pesar de las severas críticas a las que permanentemente se enfrenta, añadió, no se concibe sin el respeto de la ley y la lucha contra el abuso del poder público. Desde hace unos años, el desarrollo de los derechos humanos ha demostrado una presencia histórica, jurídica y cultural más dinámica en la sociedad mexicana, pero concretamente a finales de la década pasada y a principios de este siglo ha sido cuando su aceptación, reconocimiento y respeto se han constituido en una permanente aspiración de los mexicanos”.
“El nuevo orden internacional exige el reconocimiento jurídico, político, social y cultural de los derechos humanos, “conscientes siempre de que estamos insertos en un mundo globalizado que no ha sido capaz de reactivar las economías ni los mínimos de bienestar de los países más necesitados”.
El Primer Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos fue inaugurado por el Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.
El Ombudsman nacional puntualizó que han avanzado las políticas públicas orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos, pero hay temas a donde no han llegado y en ocasiones se han quedado cortas; es ahí donde el Estado mexicano debe poner mayor énfasis para que alcance a todos el marco de protección que ofrece el sistema no jurisdiccional.
Fuente: Tomado de