El trabajo de Visitadores Adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido obstaculizado en la investigación que se lleva a cabo en Huatabampo, Sonora.
Autoridades del Centro de Readaptación Social de ese lugar interfirieron en el desarrollo de la diligencia que realizaban los funcionarios de la CNDH con una persona que presentó queja. Se trata del caso de una interna acusada del delito de robo en la casa de gobierno de Sonora, en el mes de marzo pasado. La aludida asegura haber sido víctima de incomunicación y tortura.
En principio, se permitió el acceso al personal de la Comisión Nacional y se le brindó la colaboración que la ley ordena; sin embargo, posteriormente un custodio impidió el desarrollo de la actividad con el argumento de que obedecía instrucciones de su jefa. Después, la propia titular del penal, acompañada de cuatro custodios ordenó que les quitaran la cámara de video a los Visitadores Adjuntos.
Lo anterior sucedió a pesar de que se obtuvo previamente la autorización para ingresar y llevar a cabo las tareas correspondientes. Por ello, la CNDH solicitó medidas cautelares al gobernador de Sonora a fin de que se proteja la vida y la integridad de la interna que participaba en la diligencia. También con el propósito de que se abstengan de cualquier forma de incomunicación y se le garanticen sus derechos.
Además, que gire instrucciones para que se permita la actuación que en apego a la norma debe realizar el personal de este Organismo nacional y se garantice la confidencialidad como exigen los estándares internacionales. De igual manera, se pidió que se tomen medidas en relación con los servidores públicos que impidieron a los visitadores cumplir con su deber.
La Comisión reprueba este tipo de actos que obstaculizan las investigaciones y evidencian una falta de colaboración y compromiso con la cultura de la legalidad, e incumplen con la obligación que tienen todos los servidores públicos del país, de cualquier nivel de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México