La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, atrajo la queja abierta por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos por los hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, relativos a la presunta omisión de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado.
Se trata del caso de un joven que presuntamente privó de la vida a su novia, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, contra el cual se giró una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada.
Los padres de la víctima denunciaron, que aunque proporcionaron a la PGJ de Morelos los datos para localizar al prófugo en Guadalajara, Jalisco, no se ha procedido a su detención y han actuado con dilación e interpuesto diversos obstáculos burocráticos.
A petición de los familiares de la víctima que presentaron queja ante la Comisión estatal, la CNDH revisará la actuación de servidores públicos de la PGJ de esa entidad para verificar que la ley se haya aplicado, además de esclarecer si se violentaron normas nacionales y tratados internacionales que protegen los derechos de las víctimas.
También analizará las condiciones bajo las cuales se ha dado el proceso, desde la acusación y la integración de la averiguación previa, para comprobar que se hayan tomado en cuenta todos los elementos que está obligado a utilizar el Ministerio Público.
Examinará si el Ministerio Público cumplió la responsabilidad que tiene en la investigación y persecución de los delitos, si actuó con estricto apego a la ley en el combate a la impunidad y en la protección legal de la víctima.
En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, la CNDH a través de su Programa de Atención a Víctimas del Delito, ha realizado acciones en apoyo de las víctimas a las que ha proporcionado atención psicológica, orientación jurídica y acompañamiento.
La Comisión Nacional reitera su compromiso de dar seguimiento al caso y se mantendrá atenta de las acciones que las autoridades realicen a favor de las víctimas del delito.
FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México