MEXICO: Ineludible rendir cuentas a la sociedad

Rendir cuentas a la sociedad representa una responsabilidad que debe cumplirse y respetarse; en el orden jurídico mexicano, la obligación de informar es común a todos los organismos públicos. De esa manera se expresó el Doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, en la presentación del informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

“Al rendir cuentas claras se dota a la sociedad de elementos que le permiten evaluar nuestra actuación, conocer la forma en que trabajamos, las actividades que realizamos y los logros alcanzados; un mecanismo fundamental en nuestro sistema de Derecho”.

El Ombudsman nacional también destacó en este acto que la reforma constitucional promulgada en junio del año pasado, deja atrás principios tradicionales y coloca a los derechos humanos como eje central del marco jurídico. Señaló que el objetivo de un Estado democrático y sus instituciones se centra en lograr suficiente garantía y seguridad para todos los miembros de la sociedad.

Plascencia Villanueva reconoció la labor de la comisión estatal al emitir 61 recomendaciones en 2011, mismas que fueron aceptadas en su totalidad. Las actividades de protección, defensa, promoción, difusión, divulgación capacitación y enseñanza denotan la obligación y el esfuerzo que se tiene con todas las personas, precisó.

Hizo hincapié en que uno de los principios básicos para el progreso de la nación es la cultura de la legalidad que tiene como objetivo el cumplimiento de los derechos y deberes de la sociedad mexicana. Los retos son muchos porque esta cultura todavía no permea a la totalidad de las instituciones, por lo que sumar esfuerzos para hacerla una realidad, debe ser un propósito común, subrayó.

El doctor Plascencia estuvo acompañado por el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas; el diputado José Luis Márquez Martínez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, y Adolfo López Badillo, presidente de la comisión estatal.

FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de México