La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registra en lo que va del año 11 eventos de agravios a la libertad de expresión en Veracruz, entre los que cuenta cuatro homicidios en contra de comunicadores, la desaparición de un reportero, un intento de privación de la libertad, casos de amenazas y de obstrucción al ejercicio periodístico, así como dos casos de sujeción a proceso a dos personas que se expresaron a través de las redes sociales.
Un último caso fue el que sufrieron entre 25 y 30 representantes de medios informativos por parte de personal de seguridad de la Alcaldesa de Xalapa, quienes, de acuerdo con el testimonio de una reportera ante la CDHDF, empujaron y jalonearon a los comunicadores que entrevistaban a la funcionaria, hasta que ella les solicitó detenerse para abandonar el lugar.
Lo anterior se suma a la agresión ocurrida el pasado 23 de septiembre, en contra de los periodistas Juan Carlos Alarcón de MVS Radio, Jorge Flores, de W Radio y Arturo Moreno, de la agencia Notimex, presumiblemente por autoridades estatales.
Es convicción de esta Comisión que el Estado mexicano, a través de sus instituciones y sus agentes, está obligado a garantizar la seguridad de las y los periodistas, por lo que manifiesta su preocupación ante las expresiones de funcionarios del estado de Veracruz, que denotan desconocimiento sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Y es que, a la luz de las declaraciones de los últimos días por parte de funcionarios públicos de ese estado, respecto de su responsabilidad frente a la libertad de expresión, el trabajo periodístico y las agresiones cometidas en contra de periodistas, a la CDHDF le preocupa lo que parece ser, por decir lo menos, desconocimiento sobre las obligaciones que como agentes del Estado tienen en materia de derechos humanos.
A partir de las recientes reformas constitucionales de derechos humanos, se refuerza el sentido de que es el Estado mexicano quien debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión por medio de mecanismos de prevención y protección.
Asimismo, es el Estado en todos sus ámbitos y poderes el que debe investigar de manera efectiva y exhaustiva las violaciones a la libertad de expresión, sancionar a los responsables de las violaciones, garantizar a la víctima la reparación del daño e implementar medidas de no repetición.
La CDHDF, a través de su Coordinación de Relatorías, considera que las declaraciones vertidas por parte de funcionarios del Gobierno de Veracruz eluden la responsabilidad que tienen como parte del Estado mexicano frente al acoso y las agresiones de las que están siendo víctimas las y los periodistas.
La CDHDF ha constatado los testimonios de periodistas que han tenido que autocensurarse o incluso abandonar sus trincheras en diversas entidades del país, convirtiéndose en desplazados por una migración forzada, ante la impunidad y la falta de garantías para su trabajo.
Es de prioridad para esta Comisión que las y los periodistas protejan sus fuentes de información y ejerzan el secreto profesional, sin ser presionados u obligados por autoridad alguna a dar más información que la que ya documentan en sus notas, así como que las causas penales que de ellas deriven se inicien de oficio y se otorguen a las y los reporteros las condiciones necesarias para el desempeño periodístico.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México