El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), de la Universidad de Alcalá, trabaja desde 2001 para el fortalecimiento del Ombudsman y en especial de sus tareas de protección y promoción de los derechos humanos. A tal fin, pone sus recursos a disposición de las Defensorías y desarrolla diversas actividades, en las áreas de capacitación, investigación, promoción y asistencia técnica.
Un Congreso internacional es un foro idóneo para aunar estos cuatro ámbitos de trabajo, en tanto capacita a los asistentes, publica resultados de investigación aplicada, amplía el conocimiento público de la figura del Ombudsman y puede dar lugar a futuros proyectos de asistencia mutua entre los participantes. Los tres Congresos anteriores del PRADPI (junio de 2011, con financiación de AECID; septiembre de 2013, con financiación del Defensor del Pueblo de España y septiembre de 2015, con financiación de la Cooperación Alemana, GIZ) tuvieron esta finalidad y lograron buena aceptación y resultados, de todo lo cual dan muestra las publicaciones de las actas correspondientes: La protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo (Editorial Dykinson, Madrid, 2013, 1.183 págs.), Ombudsman y democracia (Editorial Trama, Madrid, 2015, 280 págs.) y Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidad (Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 423 págs.).
La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), al igual que las Instituciones que la integran, siempre ha colaborado activamente en la exigencia del cumplimiento de los tratados, resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas. Frente a la lógica de lo económico, en este ámbito no debe existir competencia sino cooperación e incluso, en la medida de lo posible, coordinación. Al menos desde la importante Observación general núm. 10, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, las Defensorías deben integrarse, con respeto al ámbito propio de otras instancias pero también con voz propia, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tiene por norte la garantía progresiva (en sus facetas de respetar, proteger y cumplir) de estos Derechos. Recuérdese que, en términos de la Resolución de 8 de marzo de 1999, de la Asamblea General de Naciones Unidas, son los Estados quienes tienen la “responsabilidad primordial” de hacer efectivos los Derechos Humanos a nivel social, económico, político y jurídico, constituyendo “el Derecho interno […] el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades […] para su promoción, protección y realización efectiva”. Siendo ello así, parece lógico que los organismos nacionales e internacionales de protección colaboren entre sí de forma creciente (la globalización no ha de ser sólo económica), pues su finalidad última es la misma; no hay Derechos Humanos nacionales e internacionales sino un sistema único de Derechos Humanos que cuenta con garantías nacionales (primero) e internacionales (subsidiarias y complementarias de las anteriores).
La FIO otorga desde hace años importancia central a la protección de los derechos sociales y de los colectivos en situación de vulnerabilidad, que normalmente tienen mayor dificultad para lograr una garantía adecuada y eficaz de sus derechos en las vías ordinarias de protección; así se demuestra en varios de los Informes sobre Derechos Humanos publicados hasta la fecha por la FIO, siempre con la coordinación del PRADPI: Migraciones (2003), Mujer (2004), Niñez y Adolescencia (2005), Sistema Penitenciario (2007), Personas con Discapacidad (2010), Pensiones (con especial atención a las personas mayores, 2012), Derechos Culturales (con especial atención a las minorías culturales, 2013), Medio ambiente (2014), Agua (2015), Transparencia e información pública (2016), Pobreza (2017), Migraciones y movilidad humana (2018) y Vivienda (en preparación).
Con este IV Congreso Internacional, celebrado el 7 y 8 de junio de 2018 y realizado en esta ocasión con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el PRADPI retoma el debate sobre el estado actual y perspectivas de futuro de estos derechos, bajo el prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en especial sobre el rol del Ombudsman en el cumplimiento de tales Objetivos, todo ello desde una perspectiva académica pero también práctica, a la vez crítica y propositiva, en diálogo entre titulares y funcionarios de las Defensorías, la comunidad académica y representantes de otros organismos, públicos y privados, que realizan también funciones de protección de los derechos de estos colectivos.
En este Libro de Actas se incluyen las ponencias escritas y comunicaciones del Congreso, que fueron remitidas para su publicación tanto por ponentes como por participantes con comunicación.