Escasa, insuficiente y mediocre”, fueron los términos que utilizó el titular de la Defensoría de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, Edgar Guerra, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, al referirse a la supervisión que en la actualidad realiza la Dirección General de Transportes, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al ser consultado por los medios de información referente a dicho ente estatal.
“No se puede estar justificando a cada momento que únicamente cuentan con 28 inspectores. Es una historia que se viene oyendo desde hace diez años. Y no hay poder sobre la tierra que lo cambie, la población sigue oyendo lo mismo y a sabiendas que existe un problema”, añadió.
Recordó que en 2008 se dio un hecho trágico en la cuesta El chilero, que causó furor, incomodidad, y duelo nacional. Fue una situación crítica en el ámbito nacional por el tema del estado de los autobuses, por la imprudencia de los pilotos, por la escasa atención que prestan los dueños de las unidades en lo referente al mantenimiento y la renovación de las mismas.
Indicó que para ese momento histórico de 2008 era otro gobierno; sin embargo, en 2013 es otra administración, pero no hubo lección aprendida, simplemente se sigue reaccionando a los hechos de tránsito y a la suma de decesos.
Existe falta de planificación y se insiste como Defensoría que el problema debe ser abordado de una manera estructural en dos temas, el primero: el mejorar y modernizar la legislación guatemalteca, iniciando con una política nacional de transporte, al igual que con una nueva ley, porque la actual data desde 1946; asimismo, con un reglamento que vaya a fin a la ley, para que los transportistas presten un servicio público de una manera responsable.
El segundo paso, expresó, es que tanto la ley como la política del transporte debe contemplar los avances de la ciencia, para implementarlos en este servicio colectivo y poder garantizar que el mismo sea seguro y eficiente; que genere rentabilidad al propietario, pero también sean conscientes que dicho servicio beneficie a los usuarios en el costo de la tarifa.
Fuente: Procurador de los Derechos Humanos