Debe señalarse que en todos los capítulos del informe, se incluyen datos propios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya sea con base a las estadísticas nacionales de denuncias y expedientes abiertos, que incluyen a la Sede Central en el departamento de Guatemala y las Auxiliaturas departamentales del Procurador desplegadas en todo el territorio nacional, como también datos obtenidos de supervisiones administrativas y otras acciones relacionadas, indicó el Ombudsman doctor Sergio Fernando Morales Alvarado.
Aunque el presente informe por razones metodológicas y para una mejor claridad en la exposición aborda los temas de manera separada, la situación de derechos humanos, en cualquier tiempo y espacio, no puede dejar de ser una realidad integral, afectada por procesos paralelos directa o indirectamente relacionados, en el entendido de la integralidad de la problemática tanto conceptual como en la realidad de la vida cotidiana de las personas.
El informe aborda, aunque escuetamente, una de las agravantes más representadas de la inseguridad ciudadana vivida en Guatemala en 2011, como ya se hacía ver en años anteriores, la criminalidad relacionada con el narcotráfico. Una situación con componentes transnacionales, sobrepuesta a las políticas de seguridad comunes y a las capacidades del Estado para brindar seguridad y garantía de los derechos humanos inherentes a la seguridad. El PDH en su informe del 2008, hacía ver cómo la “violencia común” era sobrepasada por hechos criminales vinculados a estructuras narco-criminales internacionales, con decisión y poder para delinquir. En el 2011, los casos de homicidios y/o asesinatos en ascenso vinculados con el narcotráfico, provocó el temor y repudio generalizado de la población, como la barbarie de los 27 campesinos decapitados en la finca Los Cocos (La Libertad, El Petén) el 14 de mayo, entre otros hechos. El promedio diario más alto de homicidios ha sido de 18 por día, lo cual ocurre en 2009. Luego desciende favorablemente a 16 homicidios diarios en 2010, y a 15 en 2011.
En el transporte público, la inseguridad ciudadana ha permanecido de sensible gravedad, tanto para usuarios como para sus trabajadores. De acuerdo a fuentes de medios de comunicación, en los últimos seis años se registra un total de 1,368 personas muertas violentamente, en su mayoría pilotos, seguido de ayudantes de pilotos y pasajeros. Tan solo en el 2008 el incremento de pilotos asesinados fue del 93%, en relación al 2,007. El 2,009 nuevamente incrementó la cifra en un 46.5% más, en relación al 2008, para constituirse como el año más violento para los pilotos del transporte público, con un registro de 192 pilotos asesinados en el año. El 2010 reportó una disminución importante de pilotos muertos violentamente respecto al 2009 (36 víctimas menos), y se logró mantener la tendencia en 2011 al registrar 42 víctimas menos en relación al 2009, y 6 víctimas menos en relación al 2010.
El proceso electoral del 2011, es abordado por el informe de manera abreviada, con algunos de sus elementos que fueron distintivos, sobresaliendo en ello, la violencia que cobró vidas a lo largo del año, en algunos casos con directa relación al proceso electoral, por ejemplo el asesinato de candidatos en algunos municipios, y en otros con menos evidencias pero que se incluyen por lo sobresaliente de algunas características. Se contabilizaron (enero octubre) 43 personas asesinadas, 39 heridos, 65 casos de amenazas de diverso tipo, 14 agresiones diversas.
El apartado que aborda la situación de la niñez y la juventud adolescente, expone en particular el contexto que mayor afecta sus derechos y que se hace evidente con los altos índices de muerte violenta y las características de las violencias en Guatemala. Los homicidios registrados en contra de menores de edad, tanto de niños como de niñas, indican la forma frecuente y grave en que la seguridad e integridad física y psicológica de la niñez y adolescencia es vulnerada. Los datos acumulados durante años 2007 a 2011, evidencian que la indemnidad sexual es una de las violaciones que tiene a las niñas y mujeres adolescentes como sus principales víctimas. A pesar de la vigencia de la ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas este tipo de delitos se mantiene impune en la mayoría de los casos, lo cual plantea urgentes medidas integrales de parte del Estado de Guatemala de cara al futuro del país.
En Guatemala, más del 40% por ciento de la población adulta mayor se encuentra bajo la línea de la pobreza. El 88 por ciento viven sin acceso a una pensión o jubilación y el 12% que tienen acceso a estas, no les permite cubrir sus necesidades por los bajos montos que reciben, impidiéndoles vivir de manera digna, en aspectos como la salud y la asistencia que obtiene del Estado, que incluye la seguridad social, uno de los derechos fundamentales de las personas, para una vida digna y de bienestar, a partir de la garantía para solventar la invalidez, la vejez y la sobrevivencia.
En cuanto a la citación general de los pueblos indígenas, el Informe destaca índices de pobreza, pobreza extrema, alimentación, educación, salud y empleo concernientes a los pueblos indígenas. Las brechas de desigualdad y la exclusión social continúan negando el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo. Se señalan las condiciones en las cuales viven los pueblos indígenas en el país: marginalidad sociocultural, desfavorables a la realización de sus derechos. Datos hechos públicos en 2011, revelan una migración de la línea de la pobreza extrema hacia la pobreza general, a nivel nacional; la extrema pobreza bajó del 15.20%; a su vez, la pobreza total tuvo un incremento del 51% al 54%. Sin embargo, del total de guatemaltecos que viven en extrema pobreza (1, 951,724) el 69.5% son indígenas, es decir, 1,356, 368 indígenas; y, de la población total que vive en pobreza general, el 54.73% son indígenas.
El informe presenta el efecto negativo que puede tener en el país la expansión de productos como la palma africana y la caña de azúcar, para la elaboración de biocombustibles. Este crecimiento tiene efectos ambientales negativos y desplaza el uso de la tierra para la producción de alimentos. También se consigna que la disposición inadecuada de los desechos sólidos constituye un problema ambiental que afecta el derecho a la salud de innumerables comunidades y municipios del país.
Como en años anteriores, las fuertes lluvias y la depresión tropical E-12 provocaron en 2011 inundaciones en muchas comunidades, colapso de drenajes, deslave de cerros, destrucción de viviendas, carreteras y puentes. Hubo personas fallecidas y actividades productivas afectadas. El informe establece que en 2011, estos fenómenos pusieron de manifiesto de nuevo la debilidad de la infraestructura física del país y la vulnerabilidad en la que viven miles de guatemaltecos. En cuanto a los daños y pérdidas ocasionados por el paso de la depresión tropical 12-E, en octubre 2011, el informe señala que fueron cuantificados por el Gobierno y la Comisión Económica para América Latina en Q. 2 mil 697 millones. Esta cifra representa el 0.4% del PIB esperado para ese año. El consolidado reporta que la 12-E dejó 254 mil 903 afectados, 28 mil 854 evacuados, 16 mil 41 albergados y 36 personas muertas.
Con respecto al derecho a la alimentación adecuada (DAA) y a la seguridad alimentaria y nutricional (DSAN), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que de la región de Latinoamérica y El Caribe, Guatemala es el país con más alta prevalencia de niños con desnutrición crónica (49%). En cuando a la disponibilidad de alimentos, el boom de la producción de agrocombustibles ha reducido el área de producción de alimentos y el cambio climático ha causado pérdidas de cultivos por heladas, sequías e inundaciones en 2011. La escasez se refleja en las alzas en los precios de alimentos del mercado nacional.
En cuanto a acceso a los alimentos, el informe indica que la población pobre (53.71% del total) y extremadamente pobre (el 13.33%) vive cotidianamente con el hambre y la desnutrición. El desempleo formal es 3.5%, el índice de empleo informal es 63.8% y el principal problema de la población económicamente activa de Guatemala es el subempleo. La inequidad, la discriminación y el modelo económico y productivo agrícola contribuyen a agudizar las condiciones de hambre. El Informe hace ver la importancia de aprobar legislación pendiente (Ley de Aguas, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral y de Ley de Granos Básicos) y la gravedad de la desnutrición.
Se da cuenta que en el período 2007-2011, el Procurador de los Derechos Humanos, procedió a la creación de un Grupo de Trabajo y posteriormente de la Unidad del Derecho a la Alimentación; ha elaborado y entregado al CONASAN cuatro informes en seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala; impulsó la promoción, formación, divulgación y sensibilización hacia los organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación, universidades y cooperación internacional. El Magistrado de Conciencia, también llevó a cabo exploraciones de campo y para el perfeccionamiento de los métodos de trabajo elaboró el Protocolo de Atención y Seguimiento a las Víctimas por Violación del Derecho a la Alimentación y a la SAN, entre otras acciones que también contemplaron el recurso a tribunales jurisdiccionales.
Consulte el Informe 2011 en la propia página Web de la Procuraduría.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala