Relacionado con el lamentable hecho de tránsito ocurrido el 09 de septiembre en el kilómetro 64 de la ruta que se dirige de San Martín Jilotepeque a Chimaltenango, en donde murieron aproximadamente 46 personas, el defensor del Usuario del Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Edgar Guerra, dio a conocer su postura al respecto, en una entrevista brindada a diferentes medios de difusión, el 10 de septiembre.
Guerra indicó que este hecho como otros que han ocurrido en los últimos años, se pudo evitar, primero cumpliendo con la responsabilidad institucional de todas las entidades que tienen que ver con el tema de controles al servicio público de pasajeros, entre ellas la Dirección General de Transportes (DGT), quienes deben realizar operativos en carreteras y sancionar a pilotos que excedan el límite de velocidad permitido, y así evitar que muchos guatemaltecos usuarios de este servicio pierdan la vida.
El funcionario lamentó que no haya una responsabilidad directa, por lo que la Magistratura de Conciencia analizará si hubo incumplimiento de deberes por parte de funcionarios del Estado, ya que no se debe permitir que vuelva a ocurrir otro accidente como este.
Agregó que la defensoría a su cargo plantea propositivamente algunas situaciones y no solamente después de un hecho de tránsito sino periódicamente, entre ellas la creación de un registro de pilotos del transporte público, que realmente garantice que los pilotos tengan las capacidades y cualidades que la ley exige.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Jorge Eduardo De León Duque, preocupado por esta evidente inacción por parte de las autoridades, delegó a Edgar Guerra dar seguimiento al tema del pago del seguro a los afectados, para que el proceso se efectúe de una manera legal y pronta.
Fuente: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala