El alto comisionado parlamentario abre una nueva vía de presión, esta vez ante el Parlamento Europeo, por una medida que considera injusta y de consecuencias dramáticas para un sector tan estratégico en la economía de nuestra comunidad como el naval.
El Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, solicitó al Presidente del Parlamento Europeo que abra un expediente para dirimir la posible vulneración de la legislación comunitaria por parte de la Comisión Europea tras exigir el pasado 17 de julio al sector naval español la devolución de las ayudas del denominado tax lease. Con esta acción el alto comisionado parlamentario gallego ejerce presión ante las instituciones de la Unión Europea ante una medida que considera discriminatoria e incluso dramática para el sector naval gallego.
En el ejercicio del derecho de petición señalado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Valedor se dirige con fecha de hoy al Parlamento Europeo tras la decisión adoptada por la Comisión el pasado 17 de julio por la que exige la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval español. «Tomando en consideración las dramáticas repercusiones económicas y sociales que tendrá esta medida para el sector naval y para el conjunto de la sociedad gallega» el Valedor le traslada al presidente de la cámara europea consideraciones para que tenga ede cara a evaluar la problemática tras observar «indicios de que la Comisión Europea puede no estar respetando los principios básicos de la buena administración».
El Valedor do Pobo rebate la postura de la Comisión con argumentos claros como que la participación como inversor en el esquema de deducciones del tax lease no estuvo legalmente limitada a residentes del estado español sino que permaneció abierta a cualquier agente comunitario. O que los beneficios fiscales derivados del mismo se reconocen para inversores en la construcción tanto de buques en astilleros españoles como de otros territorios de la UE.
Según el Valedor do Pobo la devolución de las ayudas suponen «una quiebra patente del principio de confianza legítima» y una ruptura de la seguridad jurídica que debe amparar la toda persona, física lo jurídica, en un estado de derecho. Afirma que en este caso pueden estarse vulnerando los derechos de los administrados.
Por todo, la institución gallega acude al Parlamento Europeo para que inicie el expediente correspondiente con el objeto de dirimir la posible vulneración de la legislación comunitaria por parte de la Comisión Europea en materia de competencia. La acción se enmarca en el conjunto de actuaciones desplegadas por la defensoría en las últimas semanas y encaminadas a defender los intereses del sector naval en la comunidad.
FUENTE: Valedor do Pobo