A pesar de que muchas personas se molestan por la falta de atención oportuna en la Agencia del Ministerio Público de Chiconcuac, a través de la mediación de la Defensoría Municipal en muchos casos no se ha llegado a la necesidad de presentar e iniciar un procedimiento de queja, informó el defensor municipal de derechos humanos de esta localidad, Gabriel Hernández Retana.
Explicó que entre los principales motivos de queja en el municipio destacan aquellos que involucran al Ministerio Público por diferentes razones, entre ellas el largo tiempo de espera que los usuarios deben permanecer ahí para que les den atención; o porque en muchas ocasiones les dicen que no son motivo de denuncia los hechos que manifiestan y no les inician su carpeta de investigación.
Añadió que otro motivo de queja contra los servidores públicos de la Representación Social, es que a veces no se cuenta con médico legista y las personas se deben trasladar a Chimalhuacán o incluso a Nezahualcóyotl, para que puedan hacer la certificación de sus lesiones.
En ese sentido, Gabriel Hernández Retana, detalló que vecinos del lugar llegan a la Defensoría Municipal para quejarse de lo que consideran atropellos a sus derechos, pero en ciertas ocasiones no se inicia el procedimiento de queja, porque se les canaliza al área correspondiente o se buscan soluciones a través de la mediación.
Comentó que ante ello, algunas de las personas que acuden ante la Defensoría Municipal de Chiconcuac, cuando el caso lo amerita son canalizadas al módulo de Denuncia Express de la PGJEM, donde se han tenido buenos resultados porque se les atiende rápido, detalló.
En segundo lugar, dijo, las quejas son motivadas contra los profesores de las diversas escuelas, porque a los estudiantes que hacen algún cambio de centro educativo no les entregan los documentos correspondientes o bien, existen casos de violencia entre alumnos que desafortunadamente llegan a generar lesiones entre ellos.
En ese aspecto, indicó que en conjunto con las autoridades escolares se busca llegar a acuerdos con los estudiantes involucrados, los padres de familia y las instituciones, a fin de conseguir la conciliación.
FUENTE: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México