La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha asegurado que hay que vigilar que las medidas de austeridad no afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ha detallado las principales actuaciones de la Institución en esta materia en su intervención en la 27 Reunión Anual del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Soledad Becerril ha subrayado que, cuando una nación sufre un largo período de recesión como el que España ha sufrido hasta hace pocos meses, todos los servicios públicos se resienten, por lo que la labor de la institución ha estado dirigidas a proteger a las personas y familias más vulnerables con sugerencias y recomendaciones que han sido atendidas en un 75% lo que demuestra que la opinión del Defensor del Pueblo es escuchada y atendida.
Para Soledad Becerril, los problemas más importantes consecuencia de reducciones en los presupuestos han estado directamente relacionados con la asistencia sanitaria y farmacéutica, en especial los retrasos en atención en hospitales, en ayudas a personas dependientes, retrasos en subsidios por desempleo y el copago farmacéutico.
El Defensor del Pueblo solicitó al Gobierno que los créditos extraordinarios aprobados en los presupuestos del Estado para que las administraciones públicas, incluidos ayuntamientos, pagaran a los acreedores fueran, en primer lugar, destinados a atender servicios fundamentales de carácter social. Esto fue aceptado por el gobierno, ha recordado.
También se ha logrado que el acceso a la justicia sea gratuito para personas con rentas muy bajas, colectivos con dificultades especiales y organizaciones sin fines de lucro.
Para atajar los problemas de pago de las hipotecas, el Defensor del Pueblo insistió en la modificación de la legislación para evitar desahucios y lograr acuerdos entre particulares y entidades financieras. La situación ha mejorado aunque debemos estar muy atentos al cumplimiento de la nueva legislación, ha subrayado.
La Defensora también ha recordado las actuaciones de la Institución en materias como la alimentación de los niños en edad escolar o los recortes en servicios importantes como las ayudas para adquirir libros de texto o las becas de estudios universitarios.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España