El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, en ocasión a la presentación del Informe Anual de Labores del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, ante la Honorable Asamblea Legislativa, en cumplimiento de los artículos 131 ordinal 36° de la Constitución de la República, y 102, 104 y 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, EXPRESA QUE:
1. En coherencia con la propuesta que presenté ante la Honorable Asamblea Legislativa en junio de 2013, he iniciado durante este primer año de gestión, la construcción de una política institucional que promueve el ejercicio integral del mandato constitucional y legal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de tal manera que podamos brindar una respuesta efectiva y oportuna a las víctimas de violaciones a derechos humanos e incidir en las políticas públicas. Este proceso de fortalecimiento implica una gestión más eficiente y más articulada con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y los organismos internacionales sobre la materia, así como la instauración de un modelo de trabajo pro activo, desde el cual se dé seguimiento a los problemas que afectan el goce pleno de los derechos humanos, pero se genere a la vez, un impacto en los ámbitos de la prevención y la protección.
2. Mi gestión como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, se encuentra desarrollando los esfuerzos para renovar los procedimientos de atención e investigación en materia de derechos humanos, a fin de garantizar un servicio inmediato para las víctimas, ágil y efectivo en las relaciones con la institucionalidad del Estado; elevar la calidad y calidez de los servicios de protección, promoción y educación en derechos humanos; potenciar la investigación académica y su interrelación con todas las áreas técnicas de la institución. Asimismo, estamos fortaleciendo áreas administrativas como la planificación institucional, la oficina de acceso a la información, la gestión de la cooperación internacional; y adoptando medidas que propendan a una mejor coordinación entre las áreas administrativas y las técnicas; ejecutando con rigor políticas de austeridad que permitan maximizar las limitadas economías y ahorros institucionales.
3. En virtud de lo anterior, he definido tres líneas estratégicas que guiarán el ejercicio del mandato institucional:
3.1. La protección integral de derechos humanos y libertades fundamentales a través de acciones de protección, asistencia, investigación, prevención e incidencia no solo ante casos individuales, sino también ante situaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos que afectan poblaciones y colectivos, verificando la actuación de la institucionalidad estatal ante los mismos. Esto supondrá un rol activo frente a la formulación y ejecución de las políticas públicas, mediante la búsqueda de una incidencia que fortalezca tales políticas como mecanismos de respeto y garantía de derechos.
3.2. La Promoción y educación en derechos humanos, impulsando el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia, así como fortalecer a las poblaciones vulnerables, organizaciones civiles, sectores representativos de la sociedad y víctimas, en sus procesos de empoderamiento, defensa y promoción de los derechos humanos del que son titulares individual y colectivamente.
3.3. El Fortalecimiento y desarrollo institucional mediante la implementación de una práctica y cultura organizacional basada en la filosofía, doctrina y normativa de los derechos humanos, a través de políticas y procedimientos administrativos eficientes y eficaces, en orden a brindar un servicio integral a la población, el uso austero y óptimo de los recursos disponibles y la equidad en las relaciones laborales.
4. Durante el período de referencia, continué ejecutando la planificación estratégica actual destacando los siguientes logros: implementación de la política de derechos humanos de personas viviendo con VIH-SIDA; el programa de observación y verificación electoral; la construcción de propuestas de incidencia desde las mesas permanentes; el monitoreo e incidencia en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas; y el estudio de modernización y reorganización de la PDDH. En materia de protección de los derechos humanos, se brindaron a nivel nacional 8,207 orientaciones legales; 2,549 denuncias admitidas; 3,848 oficios; 387 resoluciones iniciales; 819 resoluciones finales; 43 resoluciones de archivo; 2 resoluciones de buenos oficios; y 6 medidas cautelares. En general, los derechos humanos mayormente denunciados fueron: integridad personal (18.2%); debido proceso administrativo (11.3%); trabajo (8.2%); seguridad personal (7.8%); acceso a la justicia (6.9%); libertad personal (5.4%); salud (4.8%), principalmente. Entre las instituciones mayormente denunciadas se encuentran: la Policía Nacional Civil, que continúa siendo la más señalada (41.7%); seguido por los diferentes gobiernos locales (12.1%); juzgados y tribunales (5.8%); Fiscalía General de la República (5.5%); Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (4.6%); y Procuraduría General de la República (3.6%), entre otras.
5. También se han adoptado medidas para mejorar el nivel de respuesta a las víctimas de violación a derechos humanos, tal es el caso del posicionamiento frente a la inseguridad y la vigencia de los derechos humanos, el monitoreo in situ de la emergencia generada a consecuencia de la erupción del volcán Chaparrastique, departamento de San Miguel, entre otras. En virtud del mandato constitucional y legal, emití resolución en el caso del cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y condené el atentado a las instalaciones de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. Por otra parte, y en ocasión de la celebración de los eventos electorales de 2014, implementé un Plan de Verificación y Observación Electoral en el que invité a los partidos políticos y coalición a suscribir un Pacto de Entendimiento para Prevenir la Violencia Electoral el 24 de octubre de 2013; además supervisamos la actuación del Estado de acuerdo a los parámetros internacionales de elecciones democráticas: inclusión, limpieza, competitividad y acceso libre a cargos públicos.
6. Igualmente, he priorizado el trabajo de incidencia en las políticas del Estado para dar cumplimiento a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del que son titulares las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado interno; además, he implementado una estrategia de acercamiento con las víctimas y sus familiares como un aporte a la reconciliación de la sociedad salvadoreña, objetivo que ha quedado postergado luego de más de veinte años de alcanzar la paz. En este sentido, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas que honra la memoria y la labor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (25 marzo 2014), hice pública la conformación de la Asamblea Permanente de Víctimas, cuyo propósito será dar seguimiento a la agenda de recuperación de memoria histórica en coordinación con las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
7. En razón a la atribución de procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades públicas, realicé varias mediaciones destacando la que dirimió el conflicto que se mantuvo por casi quince días por la medida de «huelga de hambre» por tiempo indefinido que decidió realizar un agente policial en protesta por las precarias condiciones laborales en la que se encontraba él y sus compañeros de trabajo. El resultado de esta gestión fue la suscripción de un acuerdo en el que me comprometí a mantener un proceso sostenido de intercambio de información y diálogo entre las partes y cualquier otra institución pública relacionada a la solución de los problemas planteados.
8. De la misma forma, en el área de análisis e incidencia en políticas públicas, normas y prácticas estatales he mantenido la política de acercamiento con la Asamblea Legislativa, solicitando espacios o ante el requerimiento de algunas comisiones para presentar o promover la discusión sobre temas de interés para esta Procuraduría. Asimismo, en razón a la atribución de gestionar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades públicas, realicé varias mediaciones, atendiendo en su mayoría problemas atinentes a los derechos laborales.
9. En el plano internacional, se ha dado seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanospresentando informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Consejo de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal de la Organización de Naciones Unidas.
10. En el área de acciones y relaciones externas, he dado continuidad con éxito a la ejecución de diferentes convenios de cooperación con organismos internacionales, entre ellos el suscrito con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que tendrá como resultado la elaboración del estudio Análisis de Contexto-Derechos Humanos y Grupos con Necesidades Específicas en El Salvador; y con la Comisión de Derechos Humanos de México Distrito Federal (CNDH), en el marco del Proyecto Red Derechos Humanos de las Personas Migrantes, en el cual también participa el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE). Así como el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Creación de Mecanismos de Intercambio de Información Sobre Migrantes No Localizados y Cuerpos No Identificados, que es el instrumento que dio origen al Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador.
11. En cuanto a la promoción y educación en materia de derechos humanos, se ha fortalecido la Escuela de Derechos Humanos como estrategia para incidir en la prevención de violaciones a derechos humanos, así como del monitoreo de la realidad nacional y la investigación académica en materia de derechos humanos. En este sentido, se ha logrado consolidar los espacios de interacción y vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos, como la actividad conmemorativa realizada en coordinación con la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), del 32° Aniversario de la Masacre de El Mozote y el 65° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2013.
12. En sintonía con lo anterior, las actividades de promoción y educación en este período fueron 2,896, con las cuales se beneficiaron a 59,271 personas. De esta población, el 51.1% fueron mujeres; y en relación a la edad, el 56% de las personas beneficiadas fueron adultas, entre tanto los jóvenes y la niñez representaron el segundo grupo más atendido, siendo el 44% del total. En las delegaciones departamentales y locales, en conjunto se efectúo el 70.5% de las actividades de promoción y educación, y en la sede central en San Salvador, se ejecutó el 29.5 %.
13. Finalmente, en el área de fortalecimiento institucional, he impulsado una serie de acciones tendientes a revisar el modelo organizacional y los procedimientos de protección de derechos humanos, adoptando medidas tales como la reorganización de algunas áreas en la sede central, la realización de inventarios para identificar la mora y generar criterios para su tramitación y resolución, la identificación y estandarización de los procesos institucionales; así como la revisión de la normativa interna con el objeto de adecuarla a las necesidades institucionales y a las demandas de la realidad nacional. Del mismo modo, he promovido la participación del personal en asuntos técnicos y administrativos, así como la promoción y elaboración de políticas que optimicen el uso de los recursos, fomentando la transparencia, equidad e igualdad de género. En ese marco, destaco también la creación de la Unidad de Género Institucional en Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia; así como las gestiones hechas para concentrar en un edificio único a todas las oficinas de la sede central; lo que permitirá que el personal disponga de condiciones dignas mejorando la comunicación interna, el funcionamiento administrativo y la atención para los usuarios y usuarias.
Lic. David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
San Salvador, 17 de julio de 2014
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador