El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Ernesto Morales Cruz, ha reconocido que durante los últimos años se han realizado obras de mitigación y prevención en la zona, por parte de las autoridades; sin embargo, señala con preocupación que aún está pendiente la atención y reparación a las familias de las víctimas de esta tragedia y al joven sobreviviente.
Este 3 de julio se conmemoró el sexto aniversario del lamentable hecho en el que 32 personas a bordo de un bus perdieran la vida en su interior al ser arrastrado de forma violenta por el desbordamiento del Rio Acelhuate en el Arenal Monserrat de San Salvador.
La Procuraduría sostiene, a través de un comunicado público, que la situación de vulnerabilidad social y ambiental del área urbana de San Salvador y del país entero, acumulada a través de los años, «requiere de la adopción de medidas integrales e idóneas que hagan frente de manera efectiva a tales condiciones, y que se orienten a superar medidas paliativas y aisladas que se traducen en un desgaste de recursos y que no previenen la ocurrencia de desastres y afectaciones a los derechos de la población», como el sucedido hace seis años.
El Procurador también ha querido aprovechar esta ocasión para reiterar la llamada al cumplimento de las recomendaciones realizadas por la institución en relación al caso a las actuales autoridades del Gobierno Central y Municipal, para que continúen con la adopción de medidas coordinadas y oportunas que prevengan nuevos sucesos negativos para los derechos humanos a la vida, la integridad y la seguridad, así como daños a los bienes de las personas que habitan y transitan en las inmediaciones de la zona del Arenal Monserrat de San Salvador.
Por ello, insta a que cualquier intervención en el territorio que conlleve un impacto para esta zona, «se respalde en estudios, análisis técnicos y en la participación y consulta a las comunidades que puedan verse afectadas».
Finalmente, la Institución señala a través del comunicado público emitido, que la reparación a las víctimas de este hecho es una deuda pendiente y recuerda que la reparación es un mecanismo determinante para evitar la revictimización y asegurar la rehabilitación de las personas en la medida de lo posible. «Por lo que, mientras este aspecto no sea atendido de manera adecuada, se considera que siguen produciéndose afectaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas y sobreviviente de esta tragedia», concluye.
Puede leer el comunicado en su integridad pinchando aquí
FUENTE: Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador