— Francisco Fernández Marugán
Adjunto Primero al Defensor del Pueblo de España
El análisis del contexto en que se originó, a finales de la pasada década, la grave crisis económica de ámbito global, y que afectó de forma especialmente contundente a España, y las perversas consecuencias que de ese cataclismo se derivaron para un número considerable de personas, familias y empresas, cuyos efectos todavía hoy están patentes y lamentablemente seguirán presentes en un futuro próximo, inicia este trabajo. La crisis del sistema financiero español, agravado por el estallido de la llamada “burbuja inmobiliaria”; su lento deambular por el filo de la navaja; el sobreendeudamiento de muchas familias y empresas, con la dolorosa consecuencia de no poder hacer frente a los créditos hipotecarios con los que se habían adquirido viviendas y locales de negocio, que desembocó en una cascada de desahucios, situando a muchos de los afectados en el umbral de la exclusión social, cuando no al borde de la pobreza, forma parte de las tremendas consecuencias sociales de esta grave crisis que aquí se describen. Otras patologías, como la perdida de los ahorros de significativos colectivos de ciudadanos que los invirtieron en productos financieros viciados, como las llamadas “participaciones preferentes” u otros que están afectados por las cláusulas suelo, insertas en sus contratos hipotecarios, también son objeto de análisis. En este contexto se sitúan las actuaciones del Defensor del Pueblo, plasmadas en resoluciones, estudios e informes que analizan los hechos antes descritos y que incluyen toda una serie de propuestas dirigidas a los poderes públicos destinadas a intentar paliar la situación de los ciudadanos, que como usuarios y consumidores bancarios, se han visto afectados, de una u otra forma, por estos problemas, son aquí recogidas.