La insatisfacción diaria de las personas respecto de la acción del Estado y sus instituciones, se refleja en las quejas, reclamos o denuncias que recibe la Defensoría de los Habitantes y que en los últimos doce años alcanzó un total de 251.088 de solicitudes de intervención Esto es alarmante. Son muchas quejas y eso significa que la situación por años viene mal.
Para la Defensoría en Costa Rica la amplia presencia de un Estado de bienestar, fuerte y solidario se ha venido desconfigurando y debilitando con los años. De hecho, esa pérdida de poder es precisamente, el problema generador del incumplimiento y la violación de los derechos humanos en los distintos espacios de la vida nacional. Así lo reflejó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, esta tarde en el Congreso de la República con la presentación de su Informe Anual de Labores 2012-2013.
Claramente, la Costa Rica de hoy conformada por una sociedad civil consciente de su realidad, es mucho más reflexiva y crítica; más diversa y menos tolerante con la ineficiencia, el cortoplacismo, la falta de transparencia. Por eso, la insatisfacción social aumenta, porque el Estado se hizo débil y además ineficiente, con serias dificultades en la planificación para el uso de sus recursos; y tal cosa provoca reacciones que se vuelven signos de alarma, que exigen atención inmediata y cambios firmes para redefinir el rumbo.
«Tenemos señales evidentes de desgaste. La credibilidad en el sistema político como pilar de nuestra democracia, está hoy seriamente cuestionada y tal cosa vulnera las posibilidades para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y reduce los márgenes de legitimidad hacia quienes ejercen el poder político. Las manifestaciones civiles de inconformidad son mayores cada día y eso –lamentablemente- aún no se traduce con suficiente fuerza en soluciones concretas y sostenidas en el tiempo, que devuelvan la confianza en el sistema», advirtió la Defensora de los Habitantes.
Claramente al país le hace falta retomar el camino de la solidaridad social, de la justicia y de la igualdad de oportunidades, para que sean motores del cumplimiento efectivo de los derechos humanos. De otra manera, jamás la calidad de vida de la población en general, puede mejorar, tan solo se sostiene -a duras penas- o simplemente disminuye.
«El crecimiento económico costarricense de los últimos años no ha sido sinónimo de equidad y solidaridad, sino que por el contrario, ha provocado márgenes de desigualdad social nunca antes vistos en nuestro país. Las brechas sociales, la injusticia, la desigualdad en todas sus formas, la pésima distribución de la riqueza y los márgenes sostenidos y siempre alarmantes de pobreza, no se obtienen en un par de años, tampoco son titulares de un gobierno específico. Acá no puede haber segundas intenciones ni relativismos políticos; hablamos de la vivencia diaria y lo hacemos en nombre de la gente que se acerca a la Defensoría y de sus derechos, que siempre reflejan los rostros reales de las necesidades humanas», dijo Taitelbaum.
Para la Defensoría se debe mirar al ser humano más que al mercado y descartar la engañosa idea de que crecimiento económico es sinónimo de desarrollo humano y de calidad de vida, porque tal cosa no es cierta; y el mejor ejemplo es el aumento de la desigualdad y la pobreza, en momentos de franco crecimiento económico.
La Defensoría ha venido ejerciendo una sólida estrategia de defensa y de educación en derechos humanos para ayudar en la formación de ciudadanías plenas y activas, con la participación de más de veinte mil personas, en poco más de 600 actividades en este campo, reforzando aún más la defensa de derechos para poblaciones particularmente vulnerabilizadas por los estigmas sociales, la discriminación y la intolerancia.
Debilidades del Estado
La Defensoría de los Habitantes, en su informe, revela algunas debilidades del Estado tales como la pérdida de credibilidad por la falta de canales efectivos para que las personas puedan obtener información, del poco acceso a espacios de diálogo en los distintos sectores de la sociedad; los procesos de transparencia y de rendición de cuentas –algunas veces escasa y a cuentagotas- factores que en nada fortalecen nuestro sistema democrático y que más bien abren portillos para la corrupción.
Otro es la pérdida de capacidad de supervisión sobre obras y servicios privados, que en el pasado fueron tareas de orden público. Hoy, se realizan sin los debidos controles y garantías para una protección efectiva de los derechos de las personas usuarias, en espacios vitales para el desarrollo nacional como: educación, salud, seguridad, infraestructura y otros.
Fortalecer al Estado
Para la Defensoría se necesita fortalecer el Estado costarricense para que recupere su capacidad de intervención; de supervisar y controlar aquellas tareas que debe ejecutar y asignar, sus márgenes de igualdad, de equidad y mejorar sus posibilidades de dirección política en los procesos; su disposición para rendir cuentas, ser transparente en sus decisiones y ofrecer información clara a la sociedad, para que se le permita participar con un verdadero diálogo en la toma de aquellas decisiones que le afectan directamente. Y por supuesto su visión para superar las barreras de la desigualdad y que se pueda incorporar de nuevo a la solidaridad en todas sus acciones, anteponiendo el bien común a la individualidad y a ese egoísmo artero que hoy vemos tan normal.
«Comencemos por valorar la agenda global para el avance de los derechos humanos. En ella, uno de los temas impostergables en el que ya nos hemos comprometido a trabajar con mayor énfasis es el de la Sostenibilidad y la defensa del medio ambiente, el cual tiene ya sus manifestaciones en Costa Rica, debido a las prácticas de explotación del suelo y de los recursos, sin la adecuada planificación. Por esa razón, hemos decidido asumir definitivamente una agenda verde que privilegie la protección y el uso racional de nuestros recursos naturales. Además, somos conscientes de los retos que implican el cambio climático y sus consecuencias, de cara a la satisfacción de los derechos humanos», dijo la Defensora de los Habitantes.
Un tema asociado con el anterior, que urge resolver, es la prestación del servicio de agua potable por su falta de abastecimiento en muchos lugares y otras circunstancias como su inadecuada calidad, episodios puntuales de contaminación por hidrocarburos, agroquímicos, nitratos o arsénico; impactos generados en ocasiones por el cambio climático y el crecimiento de la población sin un desarrollo planificado. Sin agua no podemos vivir, por eso los problemas que presenta su abastecimiento en distintos lugares del país preocupan y son objeto de nuestra atención cotidiana.
Por otra parte si el CONAVI no ha logrado su cometido y el Consejo Nacional de Concesiones ha sido más fuente de problemas que de soluciones ¿cuál es la alternativa? La experiencia ha demostrado que esta multiplicidad de entes genera gastos duplicados en salarios, consultorías, diseños y hasta indemnizaciones, que en nada satisfacen las necesidades del país. Por ello, pensamos que ya es hora de reconocer que ese sistema no funcionó y que corresponde ahora enfocarse en diseñar uno integrado, racional, que aproveche la experiencia y conocimiento técnico existente, con la rectoría y la fiscalización en las manos únicas del Estado.
Temas como la gestión del riesgo, transporte público, infraestructura, violación de derechos a grupos históricamente vulnerabilizados, el incumplimientos en materia del derecho a la salud, empleo, educación, vivienda, sostenibilidad ambiental, la alarmante crisis de nuestro sistema penitenciario, FONATEL, salario único en el sector público, seguimiento al informe de la CCSS, seguridad bancaria, acceso a la vivienda, hostigamiento sexual, pensiones alimentarias y un amplio etcétera, refleja la realidad costarricense en materia de derechos humanos.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica