El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, exhortó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) a que considere la posibilidad de intervenir, mediante la toma posesión o las medidas de fondo que considere necesarias, sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Mariquita (Tolima) Espumas S.A., debido al incumpliendo reiterado de las normas que regulan la prestación de los servicios.
Según informes de la misma Superservicios, Espumas S.A. ha sido investigada por no suministrar un servicio continuo y de buena calidad, no contar con programas de macromedición, infringir las normas en materia de asignación de subsidios y cobro de contribuciones a los usuarios, no aplicar la metodología tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado y reportar información de mala calidad al Sistema Único de Información (SUI).
Por su parte, los habitantes del municipio han denunciado de manera reiterada la falta de cobertura y continuidad en el servicio de acueducto, el cobro del servicio sin que este hay sido efectivamente prestado, el aumento excesivo del valor a pagar sin que se haya variado el consumo, el cobro de factura acumuladas por varios años (infringiendo la Ley 142) y cobros promedio por encima de los establecidos para una tarifa de consumo complementario.
Desde hace una década los habitantes de Mariquita han recurrido a una serie de acciones para que en el municipio se garantice la prestación eficiente de los servicios públicos. En 2002 promovieron un referendo para cambiar a la empresa prestadora de servicios públicos, que se cayó por vicios de forma, y más recientemente, desde hace año y medio, decidieron iniciar una protesta pacífica a la entrada a la planta de tratamiento, en donde se encadenaron e hicieron huelga de hambre.
Con el propósito de evitar choques con la fuerza pública, tras una orden de desalojo, el pasado 13 de septiembre, la Defensoría del Pueblo realizó una visita al municipio, en la que logró un acuerdo para que la comunidad despejara la entrada a la planta de tratamiento y permitiera el ingreso de los funcionarios de la empresa operadora.
De la misma forma, la empresa Espumas S.A. se comprometió a revisar y suspender todos los procesos ejecutivos que actualmente cursan en contra de la comunidad. Por la negativa de los habitantes a cancelar las facturas, Espumas S.A. ya ha entablado procesos ejecutivos, algunos de los cuales están para remate de las viviendas.
Sin embargo, al no recibir una respuesta efectiva en relación con la calidad, cobertura, disponibilidad y accesibilidad física y económica al servicio de agua, un grupo de 50 habitantes del municipio viajó ayer a Bogotá con el ánimo de realizar una protesta frente a las instalaciones de la Superservicios y solicitar medidas efectivas por parte de la entidad.
Más allá de las multas (cerca de $97,7 millones), de las sanciones impuestas, de las evaluaciones integrales realizadas, de las visitas de inspección y de la vigilancia especial de la Superintendencia, el Defensor del Pueblo insta a la entidad a que adopte medidas urgentes con el fin de garantizar el goce efectivo de los habitantes del municipio al derecho humano al agua.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia