Esta es, quizás como ninguna otra, una oportunidad especial y significativa para conmemorar en este Puerto anclado en el Pacífico colombiano, el día nacional del Derecho a la vida, consagrado por el Congreso Nacional para exaltar la memoria de todos aquellos que perdieron la vida en la trágica jornada ocurrida en el Palacio de Justicia en 1985. No me cabe duda que tendrán que pasar al menos otros tantos lustros para que Colombia pueda recuperarse de uno de los atentados más trágicos y sensibles al corazón de nuestra identidad democrática. Y no solo por las vidas valiosas que se perdieron en la más absurda y ciega hecatombe, sino por su propio significado: el desprecio a la vida, el imperio de la razón de Estado y la violación desafiante a las mínimas reglas del Derecho Internacional Humanitario. Nunca como antes el conflicto armado interno había alcanzado semejante degradación.
Buenaventura, por su ubicación estratégica, es uno de los lugares más prometedores del País y paradójicamente uno de los más agobiados por las distintas violencias que han martirizado a sus pobladores desde hace mucho tiempo. La importancia comercial, cultural y económica del Puerto contrasta en mucho con un entorno de desigualdad e inequidad.
Esta debe ser una oportunidad para abordar una reflexión profunda orientada a enderezar la senda de las políticas públicas de seguridad, educación, salud, saneamiento básico, de servicios y derechos humanos para permitir a sus habitantes gozar de un espacio de respeto a la dignidad y al derecho a la vida.
En alguna medida ese cambio comienza a tomar sentido como resultado de las medidas de seguridad y las operaciones de control que realiza la Fuerza Pública en coordinación con los entes de investigación judicial donde se ha logrado un alto número de capturas de integrantes de los grupos ilegales.
No obstante los resultados de la Fuerza Pública, los grupos ilegales que se disputan el predominio criminal, continúan teniendo presencia en algunos barrios, estableciendo fronteras invisibles o restricción a la movilidad que generan riesgo evidente de violaciones a los derechos fundamentales a la vida, la libertad e integridad personal para sus habitantes.
Se ha identificado que las FARC aún ejercen notoria influencia en la zona rural, interfiriendo la autonomía de los consejos comunitarios y los cabildos indígenas que deben ejercer su autoridad en los territorios étnicos y resguardos.
La disputa entre grupos ilegales que aún prevalece en el Distrito, mantiene el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales que se pueden materializar en homicidios, desplazamientos forzados, amenazas de muerte, reclutamiento de menores de edad, desaparición forzada y atentados contra la vida y la integridad personal. En estos últimos días, en los límites con el departamento del Chocó miembros del grupo ilegal «La Empresa» y una facción del ELN habrían tenido confrontaciones armadas en territorio del corregimiento de Palestina y la vereda Coco, en jurisdicción del Chocó, poniendo en grave peligro a la población civil.
Con respecto a los homicidios se observa que en comparación con el primer semestre del año anterior se registró un incremento en 11 casos, pasando de 78 a 89 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Las víctimas son particularmente personas jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. El País ha registrado con horror la práctica del desmembramiento de al menos trece (13) seres humanos en el año 2014. Se registra igualmente la dolorosa cifra de 65 personas desparecidas en los dos últimos años, la mayoría de ellas jóvenes e incluso menores de edad.
El desplazamiento forzado sigue impactando a diversos sectores de la ciudad, especialmente al de Bajamar de las comunas 2, 3 y 4 aledañas a la Casa de los Derechos, de donde en el año 2013 se desplazaron más de 4.000 personas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y entre estos y la Fuerza Pública.
Los propietarios de tiendas, supermercados, comerciantes de productos cárnicos y vendedores informales son las principales víctimas de las extorsiones y de los atentados contra la vida en el presente año. A la lucha por el control poblacional y territorial en Buenaventura, se suma ahora la disputa por el monopolio de los productos de primera necesidad.
En Buenaventura en los últimos años se ha dado un preocupante incremento de la violencia contra las mujeres. Mientras en el año 2012, el Instituto Nacional de Medicina Legal registra 8 homicidios de mujeres, en el año 2013 se registran 14 casos y en el primer semestre del año 2014 – de acuerdo a información de la SIJIN – se reportan 10 casos de los cuales 4 corresponden a mujeres que fueron desmembradas.
Debe destacarse que dentro de los principales factores de riesgo para las mujeres se encuentran precisamente las difíciles condiciones económicas en las que viven, las rupturas en las redes de apoyo familiar (en gran parte por los altos índices de desplazamiento) y por supuesto, la alta presencia de actores armados ilegales. Y aunque deben señalarse algunos avances en la respuesta institucional, son aún insuficientes las acciones realizadas frente a la dimensión de las violencias vividas, ya que persisten dificultades en el establecimiento de medidas de protección y lentitud en las investigaciones de los crímenes vinculados al género, pues los jueces no incorporan esta perspectiva en los procesos.
Por ello la Defensoría ha incrementado su actuación en la región a través del acompañamiento y documentación de casos de violencia contra la mujer, el diálogo e interlocución con las organizaciones de mujeres y la realización del Comité Nacional de Seguimiento contra la violencia a la mujer previsto en la Ley 1257 de 2008.
Los grupos armados al margen de la ley han desarrollado diferentes tácticas criminales de vinculación de la población infantil y adolescente al conflicto, especialmente a través de la promoción e incitación al consumo de sustancias psicoactivas, la constitución de falsos clubes juveniles para la práctica del fútbol y el uso de la fuerza o la amenaza, para cometer hurtos, vender estupefacientes, realizar extorsiones, o la explotación sexual de niñas y adolescentes.
La Defensoría destacó en visita reciente al Puerto, que la garantía de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad alimentaria, al agua, a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes de Buenaventura, está siendo amenazada y vulnerada, particularmente por el almacenamiento y transporte del carbón y la minería ilegal en la cuenca del río Dagua en los corregimientos de Córdoba, Boquerón, El Palito, La Laguna y Zaragoza.
Frente a este preocupante panorama en Buenaventura, que por cierto es parcial, hemos emprendido no pocas acciones, entre las cuales debemos destacar la solicitud al Gobierno y de modo especial a los Ministros de Defensa y del Interior de la adopción de medidas de prevención y protección para la población. También la realización de visitas humanitarias que la Defensoría ha emprendido en compañía de los representantes de Naciones Unidas en Colombia y la petición formal al Señor Fiscal General de la Nación en orden a que la Unidad Nacional de Análisis y Contexto priorice las investigaciones de violaciones de derechos humanos en Buenaventura.
Recientemente solicitamos al Gobierno Nacional el establecimiento de una gerencia especial para Buenaventura que articule toda la institucionalidad del Estado para enfrentar de manera más efectiva la situación de violencia y el abandono que presenta este puerto sobre el Pacífico.
En el informe presentado a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior sobre el deterioro de la situación humanitaria en Buenaventura, solicitamos convocar una reunión del más alto nivel para implementar un plan integral de prevención y atención a la problemática humanitaria; la designación de un gerente o agente del nivel nacional que coordine directamente con las diferentes autoridades e instituciones las medidas y acciones que se deban adoptarse para Buenaventura; tramitar las medidas de protección para los líderes y funcionarios víctimas de amenazas y estudiar la posibilidad de crear o reactivar el Comando de Policía Operativo Especial para Buenaventura, con el fin de que se atienda de manera autónoma y desconcentrada los problemas de seguridad del puerto.
En la visita realizada este año en compañía del Alto Consejero Presidencial para las Regiones y el Director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con el fin de revisar los alcances de la intervención gubernamental en dicho territorio, tuvimos oportunidad de escuchar las propuestas y peticiones de los voceros de la sociedad civil, los gremios, la iglesia y del gobierno distrital.
Todo el equipo de la Defensoría Regional Valle del Cauca brinda acompañamiento, asesoría y atención a la población y a las víctimas en Buenaventura con personal de planta que se desplaza permanentemente al Puerto.
Es de resaltar que todos los documentos de advertencia emitidos, por la Defensoría del Pueblo, para Buenaventura han sido declarados Alertas Tempranas por el Ministerio del Interior.
Es necesario señalar que en muchas ocasiones las advertencias de la Defensoría han sido desatendidas por las autoridades competentes, situación que en buena parte puede explicar el incremento de los índices de violencia en los últimos los años.
La Casa de los Derechos de Buenaventura que inauguramos en las horas de la tarde, inició actividades en el mes de mayo del año 2014, en un contexto difícil y complejo como el que se ha descrito. Se encuentra ubicada entre la parte céntrica de la ciudad, donde está asentada la institucionalidad, y la galería del Barrio Pueblo Nuevo, uno de los sectores más populares de la ciudad, punto de partida de la zona de bajamar de las comunas 2, 3 y 4. Se han atendido 2.388 personas, la mayoría de las cuales ha denunciado vulneraciones por amenazas, desaparición, desplazamiento, extorsión, homicidio y reclutamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para Indígenas y otras minorías étnicas y de su Defensoría Regional Valle del Cauca ha participado en más de dieciocho (18) espacios de consulta previa en proyectos relacionados con la construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica y operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
De igual manera, se han promovido espacios de socialización de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 con comunidades afrocolombianas e indígenas de Buenaventura y se ha apoyado la declaración de sujetos étnicos para la inclusión en el registro de víctimas de once (11) consejos comunitarios de Buenaventura.
Con el propósito de dar respuesta a la orden de la H. Corte Constitucional en el auto 234 del 22 de Octubre de 2013 en el sentido de «ordenar al Ministerio Público del nivel Nacional en coordinación con las oficinas territoriales de adelantar los planes de emergencia y acciones urgentes para superar los problemas en materia de Subregistro y toma de declaración en el Municipio de Buenaventura «, la Defensoría del Pueblo, en noviembre de 2013, en asocio de la Procuraduría, La Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la Alcaldía de Buenaventura y la Personería, adelantó una Jornada descentralizada para la recepción de solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas en el Municipio de Buenaventura.
Adicionalmente, del 27 al 30 de Octubre de 2014, la Defensoría realizó una jornada en la que se recibieron solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, se realizaron asesorías para la interposición de recursos de reposición frente a la no inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), se realizó orientación sobre el proceso de Justicia y Paz y en general se brindó asesoría legal especializada a las víctimas.
Para concluir quisiera señalar que pese a las medidas de protección, continúa la situación de riesgo y amenaza, pues los grupos armados se ubican principalmente en los sectores más vulnerables de la ciudad. Las importantes acciones que corresponden a la Unidad Nacional de Protección para mujeres población objeto del Decreto 4912 de 2011 (lideresas, defensoras, sindicalistas, reclamantes de tierras, etc) con riesgo extraordinario o extremo, pueden verse comprometidas debido a problemas de índole presupuestal, que es necesario atender de manera prioritaria.
Debemos exigir a la Unidad Nacional de Protección y los entes territoriales, mantener sus esfuerzos de manera persistente en orden a garantizar las necesidades de prevención y protección de la población. Un llamado similar debemos formular a la Policía Nacional para que disponga de un mayor pie de fuerza y realice sus acciones tomando en cuenta especialmente las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres a cuyo propósito deben concurrir también la Alcaldía y la propia empresa privada, incrementando la oferta educativo y laboral para las víctimas, sin perjuicio de la ayuda humanitaria y su reparación integral.
No podemos bajar la guardia, tenemos el deber inexcusable de emprender y mantener todos nuestros esfuerzos y capacidad institucional para asegurar que Buenaventura sea un lugar seguro, próspero y en paz para todos sus habitantes, cuyo eje inalienable sea el respeto al derecho a la vida y la garantía de una existencia digna para todos, sin exclusión de ninguna naturaleza. Quiero terminar, recordando que la paz se consigue ofreciendo condiciones de igualdad material para los asociados, por ello GANDHI, resaltó:
«QUISIERA SUFRIR TODAS LAS HUMILLACIONES, TODAS LAS TORTURAS, EL OSTRACISMO ABSOLUTO Y HASTA LA MUERTE, PARA IMPEDIR LA VIOLENCIA».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia