Columna del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, para el periódico El Tiempo, sobre el manejo de la política criminal en Colombia, la crisis carcelaria, la operación reglamento en el Inpec y el paro en la rama judicial.
La crisis endémica que afronta el sistema de prisiones en Colombia, por los oprobiosos índices de hacinamiento y el grave impacto de la operación reglamento que adelanta la guardia carcelaria, así como el cese de actividades de los funcionarios de la justicia, exige de manera urgente e inaplazable que se unifiquen los criterios para orientar la política criminal en torno a la aplicación y fines de las sanciones penales y a la detención preventiva.
No podríamos ignorar, en un escenario de graves violaciones de los derechos humanos, por causa de la violencia ligada al conflicto armado, la creciente inseguridad en las ciudades y la sensación de impotencia de los ciudadanos, el clamor social para que las autoridades actúen con eficacia en su tarea de asegurar a todos el ejercicio pleno de los derechos y libertades que consagra nuestro texto constitucional.
La Fuerza Pública, encargada de velar por la seguridad, la convivencia y el orden social, tiene el deber de combatir la criminalidad organizada asociada a la acción de los grupos guerrilleros y de las bandas criminales, pero también la criminalidad común que suele representar un alto grado de violencia contra las personas, y por ello es legítimo esperar y reclamar que los delincuentes sean aprehendidos y sometidos a la justicia.
También es oportuna la iniciativa orientada a adoptar un nuevo Código de Policía, pues la actual regulación, que fue expedida en los años 70, es preconstitucional, anacrónica y absolutamente ineficaz para enfrentar el dilema de los derechos de los ciudadanos en la cotidianidad y fenómenos tan extendidos como la intolerancia, la ocupación irregular del espacio público, las malas relaciones de vecindad, el respeto de normas de cultura ciudadana básicas, entre otras tantos.
Pero lo que sí observamos con preocupación es que mientras el Ministro de Defensa abandera la causa de ampliar en determinados casos las penas privativas de la libertad, su colega el Ministro de Justicia expresa, no sin razón, que las condenas al Estado por detenciones arbitrarias superan los 23 billones de pesos, sumado a los graves problemas de hacinamiento carcelario y la congestión que se REGISTRA en los centros de detención transitoria, y argumenta que es necesario racionalizar la detención preventiva y apelar a mecanismos como la libertad condicional o el beneficio de detención domiciliaria.
Si bien estas diversas posturas se apoyan en argumentos en principio válidos, ponen en evidencia que la política criminal no es coherente ni está unificada. En esta materia es necesario asumir una concepción clara y con vocación de permanencia, pues, en parte, una de las causas que explican esta disfuncionalidad del sistema penal radica en el carácter ambivalente del discurso gubernamental, vale decir las distintas agendas y perspectivas de quienes tienen el deber de formularla con claridad y consistencia. Urge adoptar como punto de referencia básico el documento Conpes de justicia y política criminal, para impedir hacia el futuro el caos que actualmente se presenta y cuya cara menos dramática es el aplazamiento de 30.000 audiencias en el país, y el represamiento de por lo menos 77 detenidos con el beneficio de prisión domiciliaria en Bogotá, quienes permanecen en las URI sin que se haga efectiva la medida.
Un escenario de posconflicto en medio de semejantes circunstancias genera una enorme incertidumbre, pues, como lo dejó consignado Gandhi en una de sus frases célebres, «la paz es hija de la justicia».
Jorge Armando Otálora G
Defensor del Pueblo
Enlace: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-paz-es-hija-de-la-justicia/14835295
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia