El Defensor del Pueblo Rolando Villena recomendó al Presidente del estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, la inmediata intervención de la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario «a fin de realizar una reestructuración y reorganización institucional, ante su evidente ineficiencia y profunda crisis en la que se encuentra».
La autoridad planteó este extremo, luego de presentar en Cochabamba, el informe sobre la vulneración de los derechos humanos en los sucesos del 14 de septiembre de 2014 en el centro penitenciario de El Abra, y pidió además a la Fiscalía General que constituya una comisión especial que garantice una investigación imparcial, oportuna y objetiva de los sucesos en ese penal, investigue de oficio al personal policial que se encontraba realizando la custodia esa noche, acelere la investigación contra la Jueza de Ejecución Penal, Yolanda Ramírez Mendoza y disponga la realización inmediata de una investigación en los recintos penitenciarios del país ante la denuncia recurrente de torturas y tratos crueles e inhumanos que estarían sucediendo con el conocimiento y aquiescencia de las autoridades encargadas de dichos centros.
El informe defensorial, que se encuentra publicado en la página web de la institución (www.defensoria.gob.bo), señala que en los sucesos en El Abra se vulneraron derechos a la vida, la integridad, la protección y cuidado, la salud, el derecho a no sufrir violencia física y sicológica, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos; derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres y derecho al respeto a la dignidad humana y a las garantías constitucionales.
Aunque coincide con las versiones ya conocidas respecto a que los asesinatos habrían sido cometidos directamente por algunos privados de libertad, establece que hay una responsabilidad en las instituciones del Estado que permitieron que el control y el orden interno en ese centro carcelario sea administrado por los Delegados al mando del fallecido Ariel Tancara y su grupo, que aprovechando ESTA situación habrían creado una red de extorsión, tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos y explotación de los demás internos.
«No es justificativo ni excluyente de responsabilidad señalar que la acción fue perpetrada por terceros como son los privados de libertad; ya que dichos actos no hubieran sucedido si es que los actores estatales responsables hubieran adoptado todas las medidas necesarias para atender a un sector altamente vulnerable», indicó Villena.
El informe señala también que la estructuración de ese grupo irregular y la impunidad de su actuación «fue posible por la presunta complicidad de las autoridades del penal, el jefe de Seguridad, el Gobernador del mismo, el Director Departamental de Régimen Penitenciario; así como la Juez de Ejecución Penal y la inacción de las autoridades del Régimen Penitenciario». «El régimen de vulneración de derechos humanos impuesto por Ariel Tancara y sus Delegados, habría sido denunciado ante las autoridades señaladas, no obstante, la inacción de estas personas y su directa relación con Tancara y sus delegados habría inhibido cualquier acción penal o administrativa», señala el documento defensorial.
En su presentación, la autoridad denunció que ya en julio del 2014, la Defensoría del Pueblo envió al Director General de Régimen Penitenciario de entonces, Javier Aramayo, un informe que mostraba las irregularidades y las acciones de extorsión y maltrato que se sucedían al interior de ese recinto penitenciario y la presunta complicidad de sus autoridades y la jueza Ramírez. «Hasta la fecha no recibimos ninguna respuesta a esta denuncia», manifestó.
Precisamente, una de las recomendaciones que el Defensor plantea a la Asamblea Legislativa es que investigue sobre las medidas de prevención y control que tomó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, para evitar que los hechos ocurridos en la cárcel de Palmasola en agosto de 2013, se repitan en otros recintos penitenciarios, y sobre su propia denuncia respecto a la cárcel de El Abra.
Asimismo, el Informe defensorial encuentra responsabilidad en las instituciones estatales relacionadas con El Abra por hechos concretos como la falta de inspección rutinaria de las instalaciones, la omisión de auxilio efectivo a las personas heridas, la ausencia de medios de intervención cuando ocurran situaciones de violencia ENTRE privados de libertad, la ausencia de vigilancia del ingreso y permanencia de niños y niñas al penal y la falta de control de ingreso de armas.
Villena, le recordó a la Ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez que, en cumplimiento de la Ley 2298, su Ministerio es responsable de la Administración penal de todos los recintos penitenciarios del país y le pidió que lidere la realización de un diagnóstico integral sobre la temática y gestione la formulación de una política penitenciaria de Estado.
El Defensor, finalmente recordó que de acuerdo al Artículo 222 de la Constitución Política del Estado es una atribución de la Defensoría del Pueblo, «formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones».
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia