Durante una visita realizada el 15 y 16 de mayo de este año, el defensor Jorge Armando Otálora Gómez advirtió el riesgo para 10.000 habitantes de la isla por el agrietamiento de las viviendas, 120 de las cuales estaban a punto de colapsar.
Veintiséis días después de la visita humanitaria realizada por el Defensor del Pueblo para verificar la grave problemática social que afrontan los habitantes de la isla de Tierra Bomba, en el Caribe colombiano, el Tribunal Superior de Cartagena falló una acción de tutela instaurada por la Entidad, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la población.
En su determinación, la alta instancia judicial ampara los derechos fundamentales a la vida e integridad personal y a la vivienda digna. En este orden de ideas, dispuso que la Alcaldía y la Oficina de Gestión del Riesgo del distrito de Cartagena deben reubicar, entregar subsidios de arrendamiento o dar vivienda temporal a las familias afectadas, mientras se les provee un lugar de residencia definitivo, dándole prioridad a los hogares con niños, personas de la tercera edad o con discapacidad, así como a las que ocupan casas con alto riesgo de colapso. En algunos casos, se deben hacer estudios para determinar el nivel de riesgo de las viviendas y así establecer el tiempo de traslado.
Otro aspecto importante del fallo es que la administración distrital debe asegurar la reubicación de las familias teniendo en cuenta el referente comunitario, el tejido social y la identidad cultural de las personas, cuyas vidas están ligadas fundamentalmente a las labores de pesca. Para velar por el cumplimiento de este mandato, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán acompañamiento del proceso, de conformidad con la decisión.
El Tribunal Superior también ordena al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, a la Gobernación de Bolívar, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena que de manera coordinada realicen un estudio por parte del Servicio Geológico Colombiano para determinar «las causas del agrietamiento de las viviendas en la zona alta de la población y en sus laderas, así como su relación con la erosión costera».
Entre las preocupaciones que los habitantes de Tierra Bomba le transmitieron al Defensor del Pueblo en su visita, está la construcción de obras de mitigación de emergencia avaluadas en 1.300 millones de pesos, situación que fue sustentada en la acción de tutela y frente a la cual el fallo establece que en el término de 30 días la Alcaldía debe adelantar las actuaciones para materializar la contratación de dichos trabajos provisionales.
Como se recordará los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) habían aprobado la asignación de 25.000 millones de pesos en el 2012 para construir una gran defensa costera, pero la administración municipal dejó vencer el plazo para ejecutar las obras y el dinero tuvo que ser devuelto. Ante esto, una decisión de la tutela es que la Alcaldía presente el proyecto de obras de ingeniería y protección, luego de lo cual la Gobernación tendrá 48 horas para convocar una reunión extraordinaria a fin de aprobar la asignación de los dineros.
Con base en el recurso instaurado por la Defensoría,también deberá procederse de forma inmediata a la recuperación del pozo de agua, conocido como el ‘Pozo de los Jesuitas’, el cual es utilizado por la comunidad para el consumo y sus labores diarias.
La Defensoría del Pueblo hará seguimiento a la respuesta de las entidades comprometidas y al cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Cartagena.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia