En Quibdó, 43 barrios acusan la presencia de ´bandas criminales´, mientras la confrontación entre ELN, Urabeños y Farc mantiene la zozobra en sitios como el Bajo, Medio y Alto Baudó, donde los desplazamientos son constantes.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, hizo un alarmante diagnóstico sobre la influencia de los grupos criminales que amenazan los derechos humanos en el departamento del Chocó, al identificar los principales puntos de concentración de las actividades ilegales que actualmente atemorizan a los habitantes de esa región.
En la capital, Quibdó, el informe de la Defensoría encontró que hay 43 barrios de la ciudad con injerencia de los actores en conflicto, particularmente de los grupos post-desmovilización de las AUC. Por ejemplo, en 24 barrios de la comuna 1, conocida como la de los Norteños, existe un marcado control de la estructura de ´Los Urabeños’, hoy llamada ´Clan Úsuga’, a través de acciones como la extorsión y el microtráfico. En las comunas 4 y 5, de los sectores Sureños, la presencia es de ´Los Rastrojos´, que de acuerdo con la información recopilada por el SAT, actúan en 12 barrios. En la comuna 2, se identificaron 7 barrios que hoy son escenario de disputa entre las organizaciones ya mencionadas, siendo la población civil la más afectada por los enfrentamientos urbanos, problemática que se replica en el corregimiento Guayabal, a las afueras de la comuna 1, donde las FARC intentan contener el avance de las llamadas ´bandas criminales´.
Uno de los aspectos más preocupantes es la instrumentalización de los jóvenes, algunos de los cuales aparecen vinculados a grupos delincuenciales de naturaleza barrial conocidos como Los Batam y Los Mercenarios, siendo aprovechados y reclutados por los grupos al margen de la ley para encargarles acciones de control territorial mediante amenazas, cobro de extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato.
Pero además de la capital del departamento, varios de los municipios, algunos de ellos en zonas apartadas de la geografía nacional, no escapan a la estala de violencia que siembran estas organizaciones criminales. Cabe recordar que entre el 13 y el 19 de junio, como lo denunció la Defensoría del Pueblo, 537 personas de 94 familias en el Alto Baudó, fueron desplazadas por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las llamadas Autodefensas Gaitanistas, situación que ya se había presentado entre el 10 y el 11 de mayo, cuando hubo 2.500 desterrados por la confrontación.
Precisamente, el 16 de mayo el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría emitió la cuarta nota de seguimiento a los informes de riesgo para los municipios de Bajo, Medio y Alto Baudó, advirtiendo sobre los riesgos que para la vida e integridad de los pobladores significa el accionar de las FARC, el ELN y los grupos post-desmovilización. De hecho, en Bahía Solano y el Bajo Baudó, por ejemplo, Los Urabeños presionan a las autoridades civiles con el fin de utilizar estos territorios para el embarque y desembarque de cargamentos de droga; incluso, en el caso de Bahía Solano se han evidenciado amenazas contra el Alcalde Municipal y el Personero, para quienes la Defensoría del Pueblo solicitó medidas de protección, solicitud que también ha hecho efectiva la Institución para líderes étnico territoriales en Bojayá y para representantes de los indígenas Embera asentados en un corregimiento de la vía que comunica a Quibdó con la ciudad de Medellín.
Cabe señalar que además de la alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, gracias a las cuales el Ministerio del Interior acaba de convocar a una reunión ampliada de la Comisión Intersectorial el próximo 14 de julio para analizar la situación y tomar medidas, la Entidad en cabeza del defensor Jorge Armando Otálora Gómez, realizó misiones de observación, verificación y acompañamiento durante el primer semestre de este año en 60 comunidades de 7 municipios chocoanos afectados por la violencia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Colombia