La importancia de articular marcos jurídicos, políticas y estándares para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya garantías efectivas para prevenir y mitigar los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos, fue unas de las conclusiones que dejó la primera experiencia de trabajo conjunta entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), realizada del 14 al 15 de agosto en Santiago de Chile.
Durante dos días, expertos institucionales miembros de la FIO y expertos internacionales y regionales en temas de minería, derechos humanos y derecho ambiental deliberaron acerca del rol que tienen las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y el medio ambiente.
Las deliberaciones se realizaron en la Sala Celso Furtado, del edificio de Cepal en la capital austral, y contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien hizo su intervención en el panel: “Las Defensorías del Pueblo y su papel en la promoción de una minería respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente”.
Al acto inaugural también asistieron por la CEPAL, José Luis Samaniego, director de la división de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos; Jeannette Sanchez, directora de la división de Recursos Naturales e Infraestructura; Peter Sauer, ministro consejero encargado de negocios de la República Federal Alemana en Chile y la directora del Programa ProFIO de la cooperación alemana, GIZ, Julia Unger.
Para la Presidenta de la FIO, la Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class, el haber alcanzado articular la actividad con la CEPAL es todo un logro para abrir vías de acción conjunta en alianza estratégica.
El documento que sirvió de base a las discusiones fueron las “Recomendaciones para la Incorporación del enfoque de empresas y derechos humanos en la gestión defensorial en contextos mineros”, una publicación que con la ayuda de GIZ llevaron adelante las oficinas Ombudsman de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal. Se trata de una recopilación de doctrinas, casuística, experiencias específicas, legislación comparada y resultados en la materia. (Ver publicación)
Las jornadas se llevaron a cabo con el propósito de difundir los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Escazú, Informes Relator Derechos Humanos y Medio Ambiente.