Durante este año se observó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reasignó de manera sistemática partidas presupuestarias destinadas a la protección de los sectores sociales de mayor vulnerabilidad social, los cuales deberían tener un tratamiento preferente por parte del Estado local. Como consecuencia de ello, se limitó el alcance de políticas públicas enderezadas a garantizar el derecho a la alimentación y a la vivienda, en contradicción con lo pautado por el cuerpo legislativo porteño.
Así, por ejemplo, mediante el dictado de la Resolución nº 337/MHGC/13, se remitieron $27.500.000 que la Legislatura había otorgado al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo el programa «Hotelados», a la Dirección General de Obras de Ingeniería y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado. Esa norma también disminuyó en $70.000.000 los fondos del Programa Ciudadanía Porteña y en $20.000.000 el Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos del IVC que fueron redireccionados a la Subsecretaría de Emergencias para cubrir las erogaciones correspondientes a subsidios especiales para personas afectadas por una inundación. Por el mismo medio, una suma de $15.000.000 se redujo del presupuesto del IVC y se incorporó al de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Posteriormente, por intermedio de la Resolución nº 582/MHGC/13, la administración porteña recortó un total de $10.000.000 del Proyecto, «ACUMAR» (el cual incluye el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la urbanización de villas y asentamientos en riesgo ambiental) y los dispuso al denominado «Mejoramiento Entorno Distrito Gubernamental».
Es preciso destacar que los programas habitacionales en los que hubo disminuciones presupuestarias son cruciales. En ese sentido, el Programa de Conjuntos Urbanos está destinado a resolver las deficiencias estructurales y de servicios que padecen estos complejos donde habitan más de 40 mil familias y que, a su vez, se encuentran amparados por distintas leyes de emergencia habitacional.
De esta forma, durante 2013 se recortaron al IVC -organismo encargado de resolver progresivamente el déficit habitacional y que debe promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda de todos los pobladores de la Ciudad- un total de $62.500.000.
Asimismo, se quitaron de los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social $20.000.000, que se asignaron a la Actividad Central del Ministerio.
En tanto, según consta en el Anexo de la Resolución nº 798/MHGC/13 y en el Anexo correspondiente a la Resolución nº 904/MDSGC/13, se restringieron $5.000.000 del presupuesto del Programa Ciudadanía Porteña, fondos que se reasignaron en distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social y en otros $4.000.000 que fueron destinados al Programa de Asistencia Socio Habitacional.
Finalmente, en el marco de esta última Resolución, el Gobierno de la Ciudad efectuó la reasignación más significativa, ya que destinó $134.800.000 correspondientes al Programa Ciudadanía Porteña a otros programas del Ministerio de Desarrollo Social que no consisten en la transferencia directa de recursos a la población destinataria de la política pública ($65.000.000 a Fortalecimiento de Grupos Comunitarios, $28.000.000, a Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, entre otros).
Dado que durante el presente ejercicio se recortaron en total $213.800.000 al Programa Ciudadanía Porteña, se destaca que se trata de una operatoria de transferencia directa de recursos cuyo objetivo es sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios, promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos. Sin embargo, tal como expresó la Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades, el Ejecutivo cerró la inscripción directa de beneficiarios, situación que obligó a los ciudadanos a solicitar su incorporación al Programa de Seguridad Alimentaria «Ticket Social» que otorga un monto acotado que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de los grupos familiares (Resoluciones de esta Defensoría del Pueblo nros. 5206/08, 4940/09, 2195/11, 3171/12 y 614/13).
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires