El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, asistirá este martes 15 a las 10:00 horas, a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados para brindar un informe oral, a pedido de dicha instancia legislativa, sobre su actuación en los casos de la masacre de octubre de 2003 en El Alto; racismo y discriminación en mayo de 2008 en Sucre; los hechos sangrientos en Porvenir en septiembre de 2008; y la toma de instituciones públicas en septiembre del mismo año en Santa Cruz.
Villena, quien este lunes confirmó su presencia en el Legislativo, indicó que la mañana de hoy recibió la convocatoria de la Presidencia de la Cámara de Diputados, además de una nota suscrita por el presidente de esa Comisión, Carlos Aparicio, en la que se acredita que la solicitud que se le hace en esta oportunidad, fue gestionada por esta instancia legislativa, como establece la Constitución y no por iniciativa de un legislador.
El Defensor, este martes, explicará las acciones que la institución que conduce, llevó adelante en los casos en los que los legisladores solicitaron un informe. «La Defensoría del Pueblo, afirmó, estuvo presente inmediatamente ocurrieron los hechos mencionados y en el marco del principio que rige su accionar de velar por la defensa y la vigencia de los derechos humanos hizo un seguimiento permanente en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, cuyos resultados se encuentran incluidos en los informes anuales presentados a la Asamblea Legislativa y publicados en la página web de la Defensoría».
Explicó que, además de lo realizado oportunamente, su propia gestión ha mantenido un permanente seguimiento y vigilancia respecto a las actuaciones de las otras entidades del Estado sobre los casos señalados, para que cumplan con las recomendaciones que se emitieron en su oportunidad «Yo tengo un compromiso de conciencia con los derechos humanos y un mandato constitucional, por eso no puedo ni voy a dejar que estos casos queden en el olvido y que prime la impunidad», recalcó.
Recordó que investigar y sancionar estos hechos, en los que se registró la vulneración de derechos humanos, corresponde, como establece la normativa, a otras instancias del Estado como son el Ministerio Publico y el Órgano Judicial, y en el caso de la institución que dirige, indicó, emitió resoluciones defensoriales y recomendaciones que deben ser implementadas por diferentes instancias del Estado boliviano.
«La Defensoría del Pueblo no reemplaza las funciones ni mandatos de las otras instituciones del Estado, del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Carece de fuerza coercitiva y sus instrumentos de acción e intervención son la invocatoria a la norma, la persuasión, la exigencia, la denuncia pública y los instrumentos jurídicos que le otorga la propia Constitución y su Ley», manifestó Villena.
En el caso denominado «octubre negro», la autoridad destacó las gestiones a nivel internacional que la Defensoría impulso ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), logrando que este organismo pida al gobierno de Estados Unidos que viabilice la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada a Bolivia para que responda ante la justicia.
Asimismo, acotó, se acompañó, junto a los familiares de las víctimas, el proceso judicial que se desarrolló en Sucre y en el que se logró la condena a altos jefes militares que estuvieron involucrados en los hechos de octubre de 2003 en El Alto.
En lo referido al caso Porvenir, además del seguimiento al caso que se le sigue al ex prefecto Leopoldo Fernández, se apoyó a las familias y a las víctimas de los hechos violentos ocurridos en esa población pandina.
En lo ocurrido en Sucre en mayo de 2008 y en la toma de instituciones públicas en septiembre del mismo año en Santa Cruz, la institución también estuvo presente y las acciones realizadas fueron informadas por sus antecesores. En la actualidad se mantiene el seguimiento vigilando que los procesos avancen y la vulneración de derechos humanos sea sancionada por la justicia.
Villena, finalmente, reiteró su disposición de acudir a toda convocatoria de la Asamblea Legislativa en tanto ésta cumpla los procedimientos y la normativa establecidos, como en este caso.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia