En una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en las 9 capitales del departamento y siete ciudades intermedias (Caranavi, El Alto, Monteagudo, Villa Tunari, Riberalta, Yacuiba y Puerto Suárez) ha realizado una evaluación integral de la situación de niñas, niños y adolescentes (NNAs), en su permanencia en centros de acogimiento y/o albergues, también ha detectado problemáticas para el desarrollo de procesos de reinserción y adopción de las niñas, niños y adolescentes, y estableció la existencia y recurrencia de determinados grados de violencia institucional, física y psicológica contra niñas, niños y adolescentes al interior de los centros de acogimiento y/o albergues.
La investigación estuvo dirigida a 70 centros de acogimiento públicos, privados y mixtos, de administración directa, delegada y por convenio; permanentes y temporales de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales.
Se ha establecido ausencia normativa en los departamentos sobre la acreditación de los centros de acogida, consecuentemente no existen estándares sobre la contratación y aptitudes del personal, las condiciones de acogida, la gestión y recursos financieros de estos centros.
Existe la necesidad de mejorar las condiciones físicas de los centros de acogimiento, así como en la dotación de los servicios básicos como agua potable y gas domiciliario, provisión de extintores contra incendios, instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos, así como de buzones de reclamos.
Se evidenciaron falencias en los procesos de incorporación del personal educador que debería ser especializado, siendo sólo bachilleres, no cuentan con pediatras, psiquiatras y otros. Situación similar se evidenció en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNAs).
No se aplican criterios diferenciados para la atención de NNAs víctimas de trata y tráfico, violencia sexual comercial y violación, discapacidad mental
psíquica, con VIH/SIDA, además de no otorgar atención individualizada y personalizada.
Las Instancias Técnicas Departamentales y las DNAs no cuentan con presupuesto para realizar el trámite para obtener los documentos de identidad, no contando con apoyo y gratuidad del SERECÍ ni del SEGIP.
Los casos de violencia, agresiones físicas, psicológicas y hasta sexuales hacia NNAs en los centros de acogimiento, denotan ausencia de protección.
Existen también factores de riesgo, los cuales pueden determinar hechos de violencia, como es la mezcla de población de diferentes grupos etarios y sexo, como se evidenció en la verificación defensorial en los Hogares de Riberalta y Guayaramerin. Asimismo, se han detectado situaciones preocupantes como es el caso del Centro Cristo Salva de Riberalta (Beni), donde personas externas al centro tienen acceso libre a los predios.
No se cuenta con programas departamentales sobre violencia contra NNAs en centros de acogimiento y las acciones o emprendimientos que realizan algunos SEDEGES/SEDEPOS en sus respectivas regiones, no responden a un plan o programa estructurado. Las DNAs tampoco tienen programas municipales sobre la violencia.
Los niveles de gobierno departamental y municipal, no están encarando con medidas serias y efectivas, el identificar e investigar la violencia que sufren las NNAs en centros de acogimiento, evidenciando que no cuentan con mecanismos efectivos, seguros, confiables y accesibles, no existe ni siquiera buzones de reclamos de quejas de las NNAs, a través de los cuales puedan hacer conocer las condiciones y el trato que reciben.
En cuanto a los procesos de restitución y adopción de NNAs, las distintas instancias del Estado no cuentan con mecanismos que aseguren restituciones definitivas a sus familias de origen o a las ampliadas. La falta del protocolo de adopción provocó la paralización de las adopciones desde 2014 hasta el 2017, generando la permanencia prolongada de NNAs en centros de acogida.
Respecto al Registro de NNAs, todos los niveles gubernamentales tienen falencias en cuanto a registros, toda vez que no se tiene el 100% de datos de los niños al interior de centros, limitando el seguimiento del menor al interior del centro de acogimiento y a la situación de transferencias, reinserciones o fugas, hecho que en la actualidad es imposible de determinar. Por lo citado es imperante el funcionamiento de un sistema informático interconectado entre el nivel central y los niveles subnacionales con cada centro de acogimiento en Bolivia.