El Defensor del Pueblo Rolando Villena señaló hoy que, los dos últimos decesos de conscriptos en recintos militares, confirman la gravedad del problema, la absoluta falta de previsión e interés por evitar la muerte de soldados en cuarteles y la intención de los Jefes militares de evadir su responsabilidad en estos homicidios.
El Defensor, hizo estas declaraciones, al referirse al caso del conscripto Fernando Yujra, muerto, hace un par de días, mientras prestaba su servicio militar en Patacamaya y del marino Fernando Villasante fallecido el 18 de Diciembre en Tarija, mientras realizaba ejercicios militares.
“En el caso de Fernando Yujra, hemos escuchado varias versiones sobre la causa de la muerte, algunas de ellas contradictorias que, deben ser investigadas y esclarecidas por el Ministerio Público; en todo caso no se puede admitir que las Fuerzas Armadas pretendan una vez más eludir su responsabilidad en este nuevo homicidio ocurrido dentro de un Cuartel y que muestra de manera clara que, no existe la voluntad para implementar mecanismos de seguridad, prevención, cuidado, vigilancia y protección que, puedan resguardar la vida y la integridad de los jóvenes que realizan su servicio militar”, señaló.
La autoridad dispuso que su Representación en La Paz inicie una investigación inmediata sobre el hecho, en el ámbito de la competencia defensorial, y se analice si existe alguna similitud con el caso del Subtte. Poma quien, fue asesinado por camaradas suyos en presencia de varios oficiales, mientras realizaban un supuesto ejercicio de lucha y resistencia. “Vamos a pedir que se investigue a fondo si no hay una intención de ocultar la verdad histórica de los hechos, inculpando a otros conscriptos para dejar en la impunidad a los verdaderos responsables o para que las autoridades militares evadan su responsabilidad por omisión”, indicó Villena.
Preocupantes resultados en el caso del Conscripto Villasante Arnao
Adicionalmente el Defensor informó que, ha recibido los primeros resultados de la investigación que realizó su Representante en Tarija sobre la muerte del conscripto Fernando Villasante Arnao, muerto el 18 de Diciembre en Tarija, mientras realizaba ejercicios militares.
Según la Autoridad, el informe muestra que, no sólo hubo falta de cuidado y prevención, sino la imposición de ejercicios en condiciones inhumanas, como obligarles a usar un tipo de vestimenta no adecuada para una zona con elevadas temperaturas, además del peso de sus implementos, la excesiva calor en la región y la falta de descanso suficiente la noche anterior, ocasión en la que los jóvenes fueron gasificados. A esto se suma que ni siquiera había una ambulancia, ni auxilio cercano -elementos mínimos de seguridad que se deben tomar en cuenta cuando se realizan este tipo de ejercicios militares- y el conscripto Villasante tuvo que ser trasladado en una movilidad pública (taxi) a recibir atención, pese a que su organismo ya había colapsado.
“Hay una diferencia que, las Fuerzas Armadas parecen no entender, entre la disciplina y la exigencia física – que deben ser norma en la vida militar -, y el abuso, los excesos y la irracionalidad que, fácilmente conducen a la tortura, los tratos crueles, degradantes e inhumanos. Hemos visto que estas conductas han llevado a veces a hechos de tortura y/o muerte, como los casos de Rodolfo Quispe y Yamil Montaño Burnez”, indicó.
El tema que preocupa además, indicó Villena, es la total insensibilidad, irresponsabilidad y desprecio con que las Fuerzas Armadas y el propio Estado asumen el caso de las muertes de conscriptos, “como si la vida de los soldados no valiera nada; sólo se limitan a enviar los cuerpos a sus familiares y dar explicaciones cuando los casos son públicos”, señaló el Defensor. Reiteró que, en ninguno de estos casos se han seguido procesos penales, ni se han sancionado a quienes permitieron o promovieron los hechos u omitieron el auxilio necesario.
Acotó que, al parecer hay tendencia que promueve la protección a los responsables y permite la impunidad en estos casos, lo que se muestra no sólo en los resultados de las investigaciones, sino en las trabas que ponen los militares para las investigaciones o el impedimento para el ingreso a sus recintos.
“En la investigación que realizamos en Tarija, debimos soportar la injerencia de una funcionaria que, indicó ser enviada directa del Ministro de Defensa y que impidió que hiciéramos las entrevistas antes que ella, pese a que se le explicó que la Defensoría del Pueblo tiene facultad constitucional para realizar investigaciones sobre vulneración de derechos humanos”, relató la autoridad.
Finalmente señaló que los resultados de ambas investigaciones serán informados públicamente y se hará seguimiento a la intervención del Ministerio Público en ambos casos “para exigir que se haga justicia, o para asumir las medidas que la Ley y la Constitución nos permiten y facultan”.
FUENTE: La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia