En los últimos 15 años, el Justicia de Aragón ha tramitado 2.317 expedientes y ha realizado 513 sugerencias a la Administración aragonesa sobre Función Pública. Partiendo de la experiencia acumulada, se presenta ahora este Informe especial que tiene como objetivo analizar la situación actual del empleo público y proponer soluciones a las carencias detectadas, la primera de ellas, el elevado nivel de temporalidad en la Administración aragonesa.
Actualmente, un total de 40.163 personas trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma, de los cuales el 22% son interinos. La distribución por ámbitos sectoriales sería la siguiente: 22% en la Administración General, 13% en Justicia, 23% en Sanidad y 27% en Educación (en el curso 2011/2012)
Por otro lado, el 48% de los empleados de la Administración General y el 17% en Sanidad tienen una plaza con carácter provisional, lo cual, puede resultar especialmente perjudicial en puestos de control e intervención, donde la estabilidad es garantía de Independencia y objetividad.
Otra carencia estructural detectada en el Informe, es la falta de flexibilidad de las estructuras lo cual impide que el personal se distribuya donde es más necesario. En este sentido, el Justicia solicita un modelo que permita adaptar de manera ágil las estructuras a los tiempos presentes.
Una medida para reducir la temporalidad y la provisionalidad, es que se convoquen las Ofertas Públicas de Empleo, previo estudio de las necesidades actuales, y que se desarrollen en tiempo y forma. De forma complementaria, que se realicen los concursos internos precisos para la ocupación reglada de las plazas, en la línea iniciada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Asimismo, sugiere que se modifique el modelo de carrera administrativa de forma que los funcionarios puedan progresar en su puesto de trabajo y tener una retribución acorde al esfuerzo realizado y las responsabilidades asumidas, superando la idea de que todos los funcionarios son iguales. Y en sentido contrario, que se aumente el control, y en los casos puntuales en los que se detecte dejación de funciones, se exijan responsabilidades.
El Informe del Justicia insiste en la necesidad de que la oposición tenga prioridad en el sistema selectivo de empleados públicos porque es el mecanismo que permite acreditar de manera más objetiva el mérito y la capacidad de los aspirantes, en condiciones de igualdad.
Esta sugerencia incide de manera especial en el ámbito sectorial de la Educación. En reiteradas ocasiones, El Justicia ha pedido que en el acceso a los puestos interinos tengan prioridad los candidatos que hayan obtenido mejores resultados en el examen de oposición, por encima de la antigüedad.
En el ámbito sectorial de la Sanidad, en el Informe se sugiere la revisión de los mecanismos para la contratación temporal y, entre otras propuestas concretas, se apunta la posibilidad de modificar los baremos de las bolsas de empleo, nuevamente, otorgando preferencia al mérito de haber superado la fase de oposición de un proceso selectivo.
También pide el Justicia en su Informe, que se revisen los contratos de acumulo de tareas celebrados con una duración superior a doce meses en un periodo de dos años para determinar si hace falta o no crear una plaza en la plantilla del centro, así como la ordenación de las categorías profesionales ya que actualmente hay 107, un número que se aprecia excesivo.
Finalmente, el Justicia de Aragón cree que estas y otras propuestas deben estar contenidas en una Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma; una norma que permita la configuración de un modelo de función pública moderno, profesional e independiente, únicamente sujeto al principio de legalidad y a la defensa del interés general.
FUENTE: Justicia de Aragón