El Informe Especial sobre seguridad, accesibilidad y calidad ambiental en los espacios urbanos peatonales de las ciudades andaluzas, denuncia la situación generalizada de abandono del mantenimiento y la conservación de muchos de estos lugares: extralimitaciones en las autorizaciones de veladores y música en los establecimientos hosteleros; la existencia de barreras arquitectónicas; localización inadecuada del mobiliario urbano y señales defectuosas; usurpación del espacio peatonal; la contaminación acústica, atmosférica, e incluso lumínica y visual en muchas zonas, etc.
El informe del, entregado el miércoles por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, al Presidente del Parlamento de Andalucía, concluye que estas deficiencias de los espacios urbanos de nuestras ciudades son el resultado de la ausencia de políticas de movilidad sostenibles eficientes, a pesar de los numerosos planes de movilidad y normativa sobre la materia. También se echa en falta un proceso participativo en la toma de decisiones de la ciudadanía, y de manera singular, del movimiento asociativo de personas con discapacidad, y representantes de los derechos de los viandantes y del ciclismo, entre otros colectivos.
Para mejorar la calidad de estos espacios, propone una serie de medidas, concretadas en 20 resoluciones, 15 sugerencias y 2 recordatorios de deberes legales.
Entre ellas, elaborar un mapa de obstáculos móviles y/o fijos existentes en nuestras aceras, plazas, espacios libres y zonas verdes; adoptar medidas que garanticen que toda obra nueva o de reforma que se ejecute cumpla con la accesibilidad; el cumplimiento de los estándares que fija la LOUA para zonas verdes y espacios libres; estrategias de transporte público colectivo; planes para la reducción de la emisión de gases.
Y, sobre todo, una llamada a la responsabilidad de los poderes públicos para atajar la contaminación acústica, donde Andalucía figura por encima de la media española y europea de los niveles permitidos.
En definitiva, el informe pretende ser una llamada de atención a los poderes públicos, sobre todo del ámbito local, para que se tome en consideración la necesidad de apostar por la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los itinerarios y, en general, de los espacios públicos peatonales de nuestras ciudades.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado el estudio a partir del análisis de las consultas dirigidas a todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y a todas las asociaciones de personas con discapacidad; de las visitas de campo a diferentes ciudades y de los contactos y reuniones con asociaciones de defensa de las personas que se desplazan a pie, además de las consultas de información pública sobre cuestiones de calidad ambiental publicadas por las administraciones.
FUENTE: Defensor del Pueblo Andaluz