El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, saludó hoy la aprobación de la alerta máxima que determinó el Concejo Municipal de Cercado en Cochabamba, ante el aumento de casos de violencia contra la mujer evidenciados en ese municipio y que han derivado en feminicidios, violencia sexual, física, sicológica y otras señaladas en la Ley 348.
«El Municipio del Cercado es el segundo en el país que asume la responsabilidad y la decisión de encarar el tema de la violencia hacia la mujer con la seriedad y la gravedad que requiere este problema que ya es insostenible en nuestra sociedad», señaló Villena a tiempo de recordar que el pasado 28 de Octubre el Concejo Municipal de Potosí asumió la misma determinación y actualmente se espera la promulgación de la Ley Municipal por parte de los respectivos Alcaldes, que haga efectiva la determinación del órgano deliberante. A mediados de septiembre, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), emitió un pedido a todos los municipios para que declaren esta medida establecida en la Ley 348.
La autoridad explicó que en ambos casos, hubo un proceso previo de gestión e incidencia realizada por las Representaciones Defensoriales y otras organizaciones de la sociedad, a partir de la demanda de la Defensoría del Pueblo, planteada públicamente el 1° de septiembre. «Estamos en una cruzada hasta lograr que las autoridades nacionales, departamentales y municipales se sensibilicen sobre la necesidad de hacer algo concreto para detener la violencia patriarcal que este año ha cobrado la vida de casi 100 mujeres en todo el país, a las que no sólo se las ha asesinado, sino que se las ha sometido a torturas y vejaciones», afirmó.
«Pese a una declaración pública del Alcalde de El Alto, hasta ahora no tenemos una reacción concreta de ese municipio, ni de Santa Cruz; en ambas ciudades la violencia contra la mujer está cobrando cifras desmesuradas y esto no parecen preocupar ni conmover a las autoridades ediles ni departamentales», manifestó.
Villena explicó que la emergencia es una figura que está contemplada en la Ley 348 y en su Decreto Reglamentario y tiene dos efectos: destina recursos públicos para realizar acciones de prevención y protección, y moviliza a toda la institucionalidad local alrededor del objetivo principal. «Esta medida se debe aplicar cuando la cantidad de casos de violencia contra la mujer es alta y creciente, y en nuestro caso, están dadas todas las condiciones materiales y subjetivas en cuanto a feminicidios, violencia sexual, violencia física y violencia sicológica y otras, además la gravedad aumenta porque, las formas de asesinato y violencia son extremadamente crueles, especialmente cuando se trata de niñas», dijo.
Informó además que en lo que va del año 2014 se han reportado 98 feminicidios mientras que en 2013 fueron 105 casos. Para tener una comparación, dijo que en el Perú y en España se registran alrededor de 100 casos al año, pero estos países tienen poblaciones de 30 y 48 millones de habitantes. «Hasta septiembre, la FELCV reporta más de 17.000 denuncias por violencia hacia la mujer; los municipios que muestran mayor cantidad de casos son Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, sin embargo este año se han dado casos de feminicidios en Pando, Beni y Oruro. Los casos de violencia sexual afectan más a adolescentes y jóvenes, pero hay un incremento en la violación de niñas», indicó.
Finalmente expresó su confianza de que el gobierno nacional asuma esta medida lo antes posible «Hemos escuchado las declaraciones de la Ministra de Justicia que señaló que se está analizando una declaratoria nacional y el propio Presidente ha reconocido que la violencia contra la mujer es un tema que preocupa al gobierno. Esas son señales positivas para el país y especialmente para las millones de mujeres que cada día sufren todos los tipos de violencia ante la inacción del Estado y el silencio cómplice de la sociedad», afirmó.
FUENTE: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia