El Defensor del Pueblo solicitó medidas cautelares para evitar que las dificultades contractuales entre la Contraloría y la sociedad encargada de administrar la sede en la que funciona el organismo de control afecten los servicios a los ciudadanos, y advierte que ante un inminente abandono de la sede de la Contraloría no se podrían consultar los antecedentes fiscales de ningún colombiano y por lo tanto se paralizaría la contratación pública y la posesión de funcionarios del Estado.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, presentó una acción de tutela, en la que solicitó medidas cautelares urgentes, a fin de evitar que la administración pública se vea paralizada al no poderse celebrar contratos ni posesionar funcionarios públicos a partir del primero de enero del otro año, por cuenta de las dificultades jurídicas que se presentan en torno al contrato de arrendamiento de la actual sede de la Contraloría General de la República.
A juicio de Otálora Gómez, con esta acción de tutela lo que busca la Defensoría es que no se prorrogue ningún contrato sino que se garantice el funcionamiento transitorio en dichas instalaciones por un tiempo prudencial hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional ubiquen las instalaciones adecuadas para trasladar la Entidad.
El inminente abandono de la sede de la Contraloría no permitiría el funcionamiento de la plataforma tecnológica que maneja dicha Entidad, dado que los ciudadanos que vayan a realizar contratos con el Estado o que requieran posicionarse como funcionarios públicos no podrían contar con el certificado de antecedentes fiscales que allí se expide de manera automática.
A juicio de Defensor Otálora Gómez, la negativa de la sociedad que administra el inmueble a celebrar un nuevo contrato alteraría gravemente la función pública que desarrolla la Contraloría e impactaría directamente los derechos fundamentales de todos los colombianos y de manera particular los derechos de 2.200 servidores públicos de la Entidad.
La acción de tutela, además de pretender que se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos al acceso y a la correcta marcha de la Función Pública, busca que se proteja el derecho de los funcionarios de la Contraloría a contar con un espacio de trabajo digno para el desarrollo de sus tareas, lo cual hace parte del núcleo fundamental del derecho al trabajo.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo pretende que se proteja el derecho al debido proceso, por un lado, de las personas que actualmente están vinculadas a procesos de responsabilidad fiscal y, por otro lado, de los sujetos auditados por la Contraloría.
Actualmente, dicha Entidad adelanta 661 procesos de responsabilidad fiscal, sin contar aquellos que han sido declarados de impacto; 196 de antecedentes; 15 indagaciones preliminares; 150 procesos de cobro coactivo; 8 procesos administrativos sancionatorios en segunda instancia y 2 procesos disciplinarios en segunda instancia.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Colombia