CÓRDOBA: «El accionar de la UTA es irracional y pone en peligro la paz social»

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba intimó a Alfredo Peñaloza, titular de ese gremio, a levantar la medida de fuerza que atenta contra los derechos de unos 600.000 usuarios del transporte público de pasajeros. Dijo que, de continuar el paro, acudirá a la justicia para solicitar medidas que garanticen los derechos de los usuarios. También le solicitó al Ministro de Trabajo Adrián Brito convocar a conciliación obligatoria.

Mario Decara pidió aplicar todo el rigor que las normas estipulan para quienes, con esta medida, están violando los derechos humanos de los usuarios entre quienes se encuentran trabajadores, niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos, enfermos que requieren asistencia médica, quienes no pueden movilizarse de manera habitual o deben gastar en taxis o remis el presupuesto previsto para el transporte de varios días.

En la intimación al gremio Decara insta al cumplimiento del Marco Regulatorio para el servicio de transporte urbano de pasajeros, que lo define como esencial y de alta prioridad y establece que su prestación debe ser continua y obligatoria, bajo responsabilidad conjunta o individual de todos los actores, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del treinta por ciento.

Para el Defensor del Pueblo la medida que lleva adelante el gremio «afecta sin duda alguna las necesidades primarias de la comunidad yno se corresponde con el reclamo que están planteando ya que no se han visto afectadas cuestiones tales como la fuente laboral, pretensiones remunerativas o atraso de pagos».

Estima también que es necesario medir las consecuencias gravosas de la medida de fuerza, «sobre todo cuando no se intentan etapas de diálogo, lo que hace presumir que la decisión de los trabajadores ha sobrepasado los límites de responsabilidad e institucionalidad, sobre todo al anunciar que el paro es por tiempo indeterminado y no acatar las intimaciones realizadas por la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo.»

 

FUENTE: Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba