El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una queja de oficio ante la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para conocer su opinión y esclarecer la competencia de los ayuntamientos andaluces en actividades relacionadas con la educación vial.
A la Oficina del Defensor han llegado escritos de algunos municipios exponiendo que con la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, consideran que se ha suprimido la posibilidad de que las Corporaciones locales puedan ejercer la competencia en educación vial, si no media una delegación por parte de la Dirección General de Tráfico, acompañada de los medios necesarios para su ejercicio.
El anuncio de esta queja de oficio la ha hecho el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, durante la inauguración de la V Jornada de Seguridad Vial y Mayores, que se ha celebrado hoy en Sevilla, organizada por la Institución Andaluza y la Red de Fiscales de Andalucía de Protección Vial.
El Defensor del Pueblo Andaluz y el Fiscal coordinador de la Red de Fiscales de Seguridad Vial de Andalucía han presentado esta jornada donde expertos en la materia han analizado las actuales medidas de seguridad vial de este colectivo en su doble rol de conductores y de peatones.
Según datos de la Dirección General de Tráfico, aportados hoy por el Defensor del Pueblo durante su intervención, en 2013 la siniestralidad en vías interurbanas de personas entre los 65 y 74 años de edad fue un 9% superior al año anterior. Las personas mayores se vieron implicadas en 8.261 accidentes, de los que el 39% fueron en vías interurbanas, con el resultado de 323 fallecidos, y el 61% en vías urbanas (184 accidentes mortales). Mayoritariamente, en las vías interurbanas actuaban como conductores y en las urbanas como peatones.
Además, la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT califica a este colectivo como vulnerable dado el alta de siniestralidad por accidentes de tráfico de estas personas.
Esta realidad exige medidas preventivas de información y formación de los conductores en educación vial para conocer los riesgos que supone conducir en determinadas circunstancias, y responsabilidad por parte de los profesionales de supervisar las aptitudes de las personas a la hora de conducir.
FUENTE: Defensoría del Pueblo Andaluz