La Defensoría de los Habitantes solicitará a la nueva Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa que valore la conveniencia de sumarse a la tarea de investigación sobre las responsabilidades que pudieran existir al más alto nivel ante la lentitud y las pocas respuestas que han propiciado el escaso avance del proyecto Limón Ciudad Puerto.
Para la Defensoría la ejecución de este importante proyecto que tiene sustento en la Ley N° 8725 del 10 de junio de 2009, en virtud de la cual la Asamblea Legislativa aprobó el Contrato de Préstamo N° 7498-CR entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tiene como objetivo principal «el potencializar el desarrollo directo de la ciudad de Limón e indirecto de la región del Caribe del país, mediante la creación de sinergias entre la ciudad revitalizada, urbana y económicamente activa, y el puerto, moderno y eficiente, para que generen servicios, empleo e inversiones, en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes».
Ya en el Informe Anual de Labores del año 2012-2013 donde se dedicó un informe llamado «Limón Ciudad Puerto, que camina lento y un pueblo que requiere respuestas», quedaron señaladas una serie de falencias y debilidades en relación con este proyecto, entre las cuales se indicaron la falta de equipo técnico especializado a cargo del desarrollo del proyecto, injerencia política en cuestiones meramente técnicas, la mayoría de unidades técnicas tienen sus sedes en San José, desconocimiento de la realidad de la provincia, la Municipalidad de Limón no ha asumido el rol precursor y protagónico que le corresponde como garante de los intereses del cantón.
Sin embargo, una de las preocupaciones más importantes que fue advertida en esa oportunidad, consistió en el rezago en la ejecución de algunos de los componentes, así como el incumplimiento de los plazos y cronogramas previamente establecidos, situación que llevó en esa oportunidad a la Defensoría a afirmar el riesgo de que el proyecto no se ejecute.
Hoy, un año después del dictado de dicho Informe Anual, las cosas no han cambiado y, por el contrario, el atraso en la ejecución del proyecto es todavía más palpable, pese a los requerimientos que se han realizado a las distintas instituciones e instancias que lo componen, el avance es mínimo y el tiempo se acaba, situación que recientemente ha sido reiterada por parte de la Contraloría General de la República.
La falta de ejecución de la Ley Nº 8725 por parte de las autoridades de Gobierno (Administración 2010-2014), Instituciones Públicas y Unidades Ejecutoras, si bien constituye un problema de gestión en la correcta administración de los fondos públicos, considera esta Defensoría que debe ser importante que la presente Asamblea Legislativa, mediante la Comisión de Ingreso y Gasto, investigue también a profundidad esta situación, valorando la posibilidad de llamar a un proceso de rendición de cuentas a los funcionarios del más alto nivel, pues en criterio de esta institución deja al descubierto la lesión que se le ocasiona al componente social de dicha iniciativa.
Para la Defensoría de los Habitantes, las omisiones determinadas en el presente caso, nos dejan al descubierto una lamentable realidad, y es que la provincia de Limón y sus habitantes siguen sin ser escuchados, si ser atendidas sus necesidades básicas de bienestar y desarrollo, lo cual confirma lo señalado en su momento: «es innegable que el Estado Costarricense mantiene una deuda con la provincia de Limón, pues lastimosamente esta región ha quedado en el olvido, y sus invaluables recursos, su posición estratégica y su diversidad cultural, han sido desaprovechados durante décadas».
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica