La Defensoría de los Habitantes recibió el día de hoy a una comisión de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a quienes se les explicó el proyecto que impulsará la institución para la medición del nivel de transparencia y acceso de la información por parte del sector público.
Las autoridades del OCDE mostraron su interés en esta iniciativa que va encaminada en una primera fase a evaluar el grado de rendición de cuentas de 50 instituciones públicas en materia de rendición de cuentas hacia los y las habitantes.
El Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta, manifestó que este proyecto será una prioridad institucional, pues será un instrumento que permitirá fomentar una cultura de probidad en el país para la lucha contra la corrupción y para que los habitantes sepan cómo se está invirtiendo el erario.
«La manera en que se invierte el dinero que pagamos mediante impuestos debe ser una responsabilidad de todos, y ante ello, el conocer cómo se está utilizando. Debemos dar el paso para su cuido y de la responsabilidad que significa en la credibilidad de nuestro sistema democrático. La Defensoría quiere aportar con este plan en esa dirección», dijo a los miembros de la delegación de la OCDE que se encuentran en nuestro país para conocer de primera mano los esfuerzos de Costa Rica en cuanto a aspectos trascendentales de gobernanza.
Para la Defensoría este esfuerzo debe de ir acompañado entonces de una Ley de Acceso a la Información que se encuentra pendiente de aprobación y de una participación ciudadana activa, a las cual debe sumarse una rendición constante de cuentas por parte de los administradores de la cosa pública.
Al proyecto de la Red de Transparencia Interinstitucional que viene impulsando la Defensoría de los Habitantes a través de su página web, se sumará la construcción de un Indice de Transparencia en el Sector Público para determinar el apego de las instituciones al ordenamiento en términos de accesibilidad a la información y rendición de cuentas; promover la gestión de mecanismos que faciliten el control ciudadano de los asuntos públicos, y que este Indice se convierte en una herramienta de incidencia política para la toma de decisiones.
Las entidades que se medirán serán aquellas agrupadas en el Poder Legislativo, instituciones autónomas, superintendencias, ministerios, órganos adscritos a ministerios, empresas públicas, instituciones de educación superior y régimen municipal.
Entre las variables a analizar será el tipo de información disponible para el habitante en la página web, la planificación de las compras públicas, la información sobre el índice salarial, contratos de obras públicas, licitaciones, informes anuales, actas, acuerdos, circulares, entre otros aspectos.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica