La Organización de Naciones Unidades (ONU), mediante la resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, proclamó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Para esa fecha ya Costa Rica había ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Posteriormente, en el año 2006, el país ratificó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), planteado como un instrumento de carácter intergubernamental para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas en relación con las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances en materia anticorrupción.
¿Qué estamos haciendo desde la Defensoría para colaborar en la aplicación de los postulados de estos instrumentos internacionales?
La institución se propuso fortalecer y potenciar la Red Interinstitucional de Transparencia (RIT) dentro de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional (TSE, CGR, Poder Judicial, Primera Vicepresidencia de la República, Mideplan, PEP, CONAMAJ, DHR, etc.), lo cual originó un anteproyecto de ley de acceso a la información pública, en cuyo texto se establece un capítulo dedicado a la Información de Publicación Obligatoria, coincidente con la información que se ha venido solicitando en el marco de la RIT.
Fue satisfactorio que la OEA, en setiembre de este año, tomara como base este anteproyecto, para llevar a cabo, el 10 y 11 de septiembre, en Costa Rica, el Taller de Alto Nivel sobre el Acceso a la Información Pública patrocinado por el Departamento de Derecho Internacional del mencionado organismo. Este evento fue inaugurado por el primer vicepresidente de la República, Alfio Piva, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva y el Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Dante Negro, y contó con la participación de destacados jerarcas públicos entre los que se encontraban, la señora Defensora y el Defensor Adjunto de los Habitantes. Los resultados de este Taller están siendo editados y finalizará con la publicación de un documento oficial de la OEA que se estaría presentando en el mes de febrero o marzo del próximo año.
Este anteproyecto de ley también fue trasladado a otros sectores de la sociedad (academia, sector productivo, grupos de la sociedad civil, etc.) y se esperaría que para el próximo 20 de diciembre se cuente con observaciones de los diferentes sectores que permitan mejorar la propuesta originalmente planteada.
Adicionalmente, como complemento a la RIT y al anteproyecto de ley de acceso a la información, se logró finiquitar la propuesta del Índice de Transparencia del Sector Público costarricense (ITSP), cuyo propósito está circunscrito a calificar cuán transparentes son las instituciones públicas costarricenses, de acuerdo con la información de carácter oficioso que se publica en sus páginas web.
Todo este trabajo realizado desde la DHR, ha permitido establecer algunas alianzas con organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y organismos internacionales, interesadas en conocer y, eventualmente, colaborar en nuestras propuestas a favor de la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo concreto está relacionado con la visita programada a Costa Rica, de representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la DHR, para el próximo 19 de diciembre de 2013. Considerando el liderazgo que Costa Rica ha tenido en estos temas, la OCDE ejecutará el proyecto «La aplicación de políticas de gobierno abierto en América Latina: Apoyo a Colombia, Costa Rica y Perú para cumplir con éxito los compromisos de Gobierno Abierto».
¿Qué sigue?
Para el 2014 la Defensoría de los Habitantes espera consolidar aún más, los esfuerzos de coordinación y articulación con nuestros aliados estratégicos, considerando que es la forma de incidir de manera efectiva en uno de los problemas que más daño produce a la colectividad. El incremento en la desigualdad, la pérdida de apoyo al sistema democrático y la falta de credibilidad, hay que resolverla también poniendo el énfasis en acciones concretas y toma de decisiones que busquen involucrar a los actores claves de cualquier sociedad (Estado, sector productivo y sociedad civil).
De lo que se trata es de instrumentalizar acciones mediante cuadros técnicos que orienten la capacidad de gestión de las instituciones públicas hacia resultados y se garantice el mejor uso alternativo de los recursos, tomando en consideración las demandas básicas alrededor de los derechos a la salud, educación y quizás el mayor desafío del país en cuanto a disminuir la desigualdad y el nivel estancado de la pobreza.
Si bien en el último informe de Transparencia Internacional, Costa Rica se ubica entre los países con menos percepción de la corrupción (49 entre 177 países a nivel global), es necesario fortalecer aspectos que permitan mejorar el desarrollo.
El enfoque en la lucha contra la corrupción está dirigido hacia la aplicación de instrumentos que permitan fiscalizar entre todos la plata de todos. Se deben hacer los mayores esfuerzos para pasar de documentos en pdf a datos abiertos y establecer procesos de capacitación en las comunidades y para funcionarios públicos que, muchas veces por ignorancia, lesionan el derecho fundamental de acceso a la información y subestiman los compromisos país asumidos en el marco de las convenciones de la OEA y la ONU, y los más recientes, de la Alianza para el Gobierno Abierto, en cuyo plan de acción, la Defensoría de los Habitantes también tiene un papel preponderante.
FUENTE: Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica