El Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo, solicitó a la Fiscalía investigar a la ONG «Instituto Internacional de Apoyo y Bienestar a la Madre Gestante, Niño y Adolescente», por un presunto caso de estafa a 11 municipalidades de Lambayeque, lo que ha originado la paralización de obras de saneamiento, pavimentación y veredas, poniendo en riesgo la vida integridad y salud de las personas.
El funcionario precisó que las comunas afectadas en esta región son: Pátapo, Pomalca, Pimentel, Puerto Etén, San José, Zaña, Jayanca, Olmos, Pítipo, Puerto Nuevo y Mesones Muro. «El Ministerio Público deberá investigar ahora qué delitos y quiénes son los responsables por este perjuicio a la población lambayecana», refirió el representante de la Defensoría del Pueblo.
Manifestó que la presunta estafa se configuró a partir de la firma de irregulares convenios entre los municipios de dichas jurisdicciones y la referida ONG. Según los cuales, explicó,
la ONG se comprometía a buscar financiamiento entre agentes cooperantes para la ejecución de diversas obras públicas a cambio de que las comunas le proporcionen los expedientes técnicos (proyectos de inversión pública con código SNIP viable).
Aclaró que según dichos convenios los municipios no desembolsarían dinero público a la ONG, pero todo indica que fueron utilizados por ella –en el mejor de los casos– para hacer «negocio» con el tema de las obras. «El resultado de ello es, obras públicas inconclusas y abandonadas, contratistas estafados, municipios desprestigiados y miles de personas perjudicadas por ello», subrayó.
Asimismo, recordó que la Defensoría del Pueblo actuó de oficio frente a este caso luego de que saliese en la prensa local, y decidió intervenir para determinar si hubo un mal funcionamiento de las administraciones públicas locales. Tras ello, llegaron a esta institución contratistas que se quejaban contra la ONG porque no recibían el pago prometido por los avances de los trabajos, pese a haberles desembolsado el 1% del costo total del proyecto, como contraprestación por la «adjudicación» de obra.
Dijo que, por ejemplo, el Consorcio Pátapo, inició los trabajos para la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado Desaguadero, pero que al no recibir el pago de la mencionada ONG decidió paralizar los trabajos, los cuales se encuentran inconclusos.
Por su parte el jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Luna, afirmó que el caso fue remitido al Ministerio Público
por ser la institución llamada a investigar la ocurrencia de delitos; también se está acopiando toda la información para enviarla a la Contraloría General de la República, debido a que este caso amerita también una investigación por responsabilidad funcional en las administraciones locales.
Cabe precisar que esta ONG, que supuestamente obtendría fondos del exterior para las obras, ni siquiera se encuentra registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Finalmente sostuvo que la Defensoría del Pueblo da a conocer su intervención en este caso porque es muy probable que esta modalidad para la ejecución de obras públicas, vía convenios de esta naturaleza, pueda estarse replicando en el resto del país. Al menos la prensa ya ha dado noticias de un caso similar en San Martin.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la República de Perú