Concesión de ayudas y subvenciones, ejecución presupuestaria, publicidad de sueldos, dietas y otros complementos, motivación de resoluciones o contratación pública, son algunos de los temas tratados.
Basado en la experiencia de los últimos 15 años y en las quejas que durante este tiempo ha recibido el Justicia de Aragón, la Institución que preside Fernando García Vicente ha realizado el informe especial titulado «Transparencia y buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón» dirigido a todos los niveles de la Administración de la Comunidad Autónoma, que ya ha sido remitido a las Cortes y a la DGA.
El informe está estructurado según las áreas de trabajo del Justicia de Aragón; cada parte consta de introducción y planteamiento jurídico, referencia a los problemas detectados, propuestas de mejora, y relación de los expedientes más significativos. Las áreas estudiadas son: Agricultura, Economía y Hacienda, Urbanismo, Vivienda, Derechos civiles, políticos y administrativos, Educación, Servicios públicos, Cultura y Patrimonio, Deportes, Sanidad, Bienestar Social, Justicia, Interior, Empleo público y Contratación pública.
El objetivo del Informe especial es exigir a los poderes públicos el estricto el cumplimiento de las leyes sobre transparencia y buen gobierno en aquellos ámbitos concretos que ya están regulados y solicitar normas complementarias para aquellas materias carentes de regulación o bien reguladas por normas dispersas, en la confianza de que las propuestas serán tenidas en cuenta en la futura ley sobre transparencia, anunciada por la Presidenta de Aragón y que complementará a la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El trabajo realizado por la Institución del Justicia parte de un concepto de transparencia que engloba la publicidad y el derecho de acceso a la información pública, el buen gobierno y la participación ciudadana.
Sobre el principio de publicidad, dice el Justicia en su Informe que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder de forma sencilla a la información pública de relevancia siempre que con ello no se perjudique a terceros. Esta información incluye expedientes de contratación pública, incluidos los que supongan la cesión de servicios públicos, convenios firmados por la Administración, con especial hincapié en los urbanísticos, concesión de subvenciones y ayudas públicas, incluida la motivación en caso de denegación, etc.
Ejemplos concretos del ámbito económico tributario, serían la publicación en Internet de las resoluciones sobre esta materia recaídas en consultas de los ciudadanos generales y vinculantes y la información sobre las razones que explican la determinación del factor multiplicador del valor catastral, que sirve para calcular las plusvalías. Además, todo este caudal informativo debe estar centralizado y ser accesible en Internet mediante sencillos formularios de solicitud de información.
El buen gobierno, exige a los servicios públicos actuar conforme al ordenamiento jurídico y los referentes morales y éticos. En el plano concreto, esto se traduce en ser imparciales, por ejemplo, ante un proceso de selección de empleados públicos, aplicar la buena fe, la igualdad en el trato y la responsabilidad, tanto para premiar a los funcionarios que cumplen, como para penalizar las conductas que obstaculicen la transparencia. Precisamente, con el fin de dificultar este tipo de conductas, entre otras propuestas, el Justicia sugiere que se establezca un protocolo en la tramitación de los expedientes urbanísticos que obligue a dejar testimonio de la intervención de funcionarios, técnicos y otros responsables, a los efectos de investigaciones posteriores.
En cuanto a la participación ciudadana, derecho reconocido en la Constitución española, el Justicia insiste en que para que sea efectivo, las normas requieren de procedimientos concretos para que los ciudadanos puedan participar tanto en las políticas como en la organización de los servicios públicos y en este campo el recurso a las nuevas tecnologías ofrece muchas posibilidades, sin olvidar, no obstante, que su acceso todavía no es generalizado y los medios más modernos han de convivir con los tradicionales.
En materia de urbanismo y medio ambiente, esta exigencia cobra especial significado por la importancia que tienen los procedimientos de exposición pública. Para hacerlos más transparentes, el Justicia sugiere complementar las denominaciones alfa-numéricas de los terrenos con referencias espaciales, mas conocidas, y garantizar al ciudadano asistencia técnica para resolver sus dudas.
Otras propuestas concretas recogidas en el Informe, sugieren, en materia de vivienda, la creación en Aragón de un sistema único para solicitar vivienda protegida con independencia de que la titularidad de las mismas sea autonómica o municipal.
En materia de retribuciones y compensaciones de cargos públicos, el Justicia propone dar publicidad a través de las páginas web de los sueldos de los miembros de corporaciones, así como de los importes que se aprueben por los conceptos de asistencias o dietas; eliminar el cobro por asistencia a cualquier órgano de la corporación o entidades públicas dependientes de la misma por miembros que tengan reconocida dedicación exclusiva al formar parte de un trabajo que ya se le retribuye de forma general, y obligar a justificar con detalle los gastos que generen las indemnizaciones por viajes o comidas, para facilitar la debida intervención.
En materia de educación, a título de ejemplo de las propuestas incluidas en el Informe, el Justicia sugiere que los informes de evaluación del alumnado estén suficientemente motivados, que los exámenes orales sean abiertos al público para que pueda haber constancia de su desarrollo, que las evaluaciones de diagnóstico se realicen por profesorado externo al centro, que la publicidad sobre la concesión de una beca de comedor se realice en los centros educativos y no sólo en Internet y que se publiquen tanto en Internet como en los tablones físicos, los horarios de clase y de las tutorías de los docentes.
En relación con la Sanidad y los Servicios Sociales, la transparencia en la gestión de este servicio requiere, entre otras medidas, conocer qué número se ocupa en una lista de espera quirúrgica o de acceso a una residencia, así como la respuesta motivada a las reclamaciones.
Cierran el informa las reflexiones sobre transparencia en el empleo público y en la contratación pública.
Respecto al primero, el Justicia reitera buena parte de las conclusiones recogidas en el Informe especial titulado «Empleo público en la Administración autonómica aragonesa» que pasan por reducir las interinidades, revisar y limitar los procedimientos de contratación temporal, evitar el recurso a los puestos de carácter laboral y publicar periódicamente las Relaciones de Puestos de Trabajo actualizadas. Además, para el Justicia de Aragón, es primordial el absoluto respeto al trabajo de los secretarios en la Administración local y de los interventores, en general, que deben ser inamovibles y con una retribución acorde con su responsabilidad de fiscalización interna.
Sobre contratación pública, las propuestas del Justicia de Aragón son, entre otras: rigurosidad a la hora de elegir el procedimiento negociado como procedimiento adjudicador, limitar al máximo las modificaciones contractuales que incrementen los presupuestos, exigir, en los pliegos, a los contratistas, redactores de proyectos y directores de obras responsabilidad por desvíos presupuestarios injustificados e incluso la rescisión del contrato, y desvincular el precio de la dirección de la obra de su presupuesto global, de forma que el director controle con mayor rigor la ejecución y se eviten las modificaciones al alza.
El Informe especial sobre transparencia y buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón está disponible en la web del Justicia www.eljusticiadearagon.es y mediante el link:
http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=informes_especiales
FUENTE: Justicia de Aragón