Álvarez Cibrián sostiene que esta meta cumplida se traduce en mayor garantía de pronto acceso a la justicia. Se triplica el número de quejas recibidas en el mismo periodo, pero se abate el rezago y se incrementa en 354 por ciento la emisión de Recomendaciones.
Al cumplir este 2 de agosto seis años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, materializó no sólo uno de sus compromisos asumidos al inicio de su administración, consistente en abatir el rezago en la resolución de quejas, sino que a partir de esta fecha el organismo avala que un expediente será resuelto en un periodo máximo de diez meses, lo que se traduce en una mayor garantía de un pronto acceso a la justicia desde el ámbito no jurisdiccional.
Este objetivo se alcanza no obstante que en esos seis años las quejas recibidas se han incrementado 204 por ciento, al recibirse 62 303 inconformidades, mientras que en el periodo inmediato anterior la cifra fue de 20 451. La misma tendencia se dio en el número de Recomendaciones emitidas, de 57 a 254, un incremento de 345.6 por ciento, con un índice de aceptación de 98.5 por ciento, el más alto en la historia de la Comisión.
Del total de esas resoluciones, 66 por ciento ha sido a favor de grupos vulnerables: 96 de las mujeres, 59 de la niñez, siete de las personas con discapacidad, y el resto protegieron los derechos humanos de indígenas, adultos mayores, indigentes, migrantes, personas con VIH y agraviadas por discriminación por preferencia sexual.
En ellas se abordaron temas relacionados con la protección del medio ambiente, integridad y seguridad personal, libertad sexual, igualdad, trato digno, educación, transporte público, desarrollo y procuración de justicia, entre otros.
En 214 casos se ha solicitado la reparación del daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a la fecha hay un registro de pago de indemnizaciones promovidas por la Comisión por un monto de 4 129 411 pesos, más del doble de lo obtenido en los seis años anteriores a esta administración.
Como parte de la reparación integral del daño, las autoridades han sancionado a 600 servidores públicos, de los cuales se ha amonestado a 126, inhabilitado a 6, cesado a 25, suspendido sin goce de sueldo a 38, y se han ofrecido 14 disculpas públicas. Del mismo modo, se ha solicitado 399 veces el inicio de averiguaciones previas, 1 059 procedimientos administrativos y en 24 791 ocasiones la capacitación en derechos humanos para los funcionarios.
En este mismo periodo se han brindado 58 194 orientaciones sobre asuntos en los que la Comisión no tiene competencia; canalizado a 885 personas a las dependencias a quienes corresponde conocer del asunto planteado y localizado 535 personas extraviadas.
Con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones de derechos humanos, se emitieron 4 500 medidas cautelares. Sobresale la presentación de 11 informes especiales, en los que se abordaron temas de relevancia como las supervisiones penitenciarias en reclusorios y cárceles del estado, la situación de los espacios destinados para la custodia de los adolescentes y adultos jóvenes retenidos a disposición de los juzgados especializados en justicia integral en Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán; la situación de los albergues escolares indígenas en territorio wixárika; la contaminación del río Santiago y la supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia.
En 12 pronunciamientos el ombudsman estableció su postura sobre las condiciones del sistema penitenciario y de los pobladores en las zonas limítrofes de Jalisco-Colima; asimismo, se pronunció por la suspensión permanentemente de la práctica ilegal de los retenes, volantas y revisiones de rutina y por la protección a humedales de Jalisco. Otros temas fueron el programa de trasplantes de órganos del Hospital Civil; el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo; en contra de la obstrucción del trabajo de los visitadores de la Comisión por parte de personal de la entonces PGJE; el respeto de los sitios sagrados de los pueblos originarios; la protección de los derechos de las personas con discapacidad; y la alerta por el fenómeno de la desaparición de personas.
A través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos se ha preparado en el tema a 140 mil personas, aproximadamente, mediante cursos, charlas, conferencias, actividades lúdicas y diplomados.
También se fortaleció el trabajo con más de 300 organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos, autoridades estatales y municipales e instituciones educativas, y se firmaron 324 convenios de vinculación y colaboración para la difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos.
FUENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco